Un grupo de 18 socios productores presentó una denuncia penal contra el escritor y socio gerente de Orsai Audiovisuales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y promesas de rentabilidad incumplidas.
Un grupo de 18 socios productores que invirtieron en producciones audiovisuales de Orsai Audiovisuales presentó una denuncia penal por presunta estafa ante la Justicia contra el escritor y socio gerente de la empresa Hernán Casciari. Los denunciantes lo acusan de haber promocionado inversiones con promesas de rentabilidad que, según sostienen, no se cumplieron y cuyo destino económico no fue debidamente informado.
La presentación, a la que accedió Infobae, fue firmada por inversores que participaron en producciones como La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Sola en el Paraíso, Cinco Guiones, Emi On Off y D.A.M., un documental sobre Diego Maradona. Los denunciantes están representados por el abogado Ariel Gil Ces.
Según el escrito, Casciari prometió públicamente rendimientos económicos concretos —en algunos casos aseguró que la inversión se duplicaría o triplicaría— y el dinero fue administrado de manera opaca, sin rendiciones de cuentas documentadas y, en ciertos proyectos, trasladando fondos de una producción a otra sin consulta previa a los inversores.
El conjunto de las 18 personas aportó entre USD 50 y USD 3.000 cada una a distintos proyectos de Orsai, con retornos que, en la mayoría de los casos, no superaron el 3 % del capital invertido. Varios denunciantes no recuperaron ni un dólar. La denuncia solicita que se investigue si los perjuicios individuales responden a una operatoria común.
La causa es investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. En el escrito, los socios sostienen que el sistema fue presentado como una forma de producción colectiva que permitía financiar películas y series sin intermediarios tradicionales. Bajo ese modelo, quienes compraban bonos pasaban a ser denominados socios productores. La propuesta incluía, de acuerdo con la denuncia, acceso a información financiera, rendiciones de gastos, participación en determinadas decisiones y una porción proporcional de los ingresos obtenidos por la explotación comercial de cada obra.
El reclamo se concentra en la información económica de los proyectos. Los denunciantes afirman que, ante sus pedidos, recibieron planillas con cifras generales, pero sin facturas, contratos, recibos u otros comprobantes que permitieran verificar gastos e ingresos. También sostienen que no se presentaron presupuestos por rubro ni rendiciones diferenciadas cuando una producción cambió de formato. En el caso de Canelones, explican que el proyecto fue anunciado como una miniserie de seis capítulos, luego como una serie de cuatro episodios y, más tarde, como una película.
Según el escrito, en 2024 los socios productores asistieron a una proyección de una versión con aspectos técnicos pendientes. En julio de 2026, Orsai comunicó el estreno cinematográfico para el 6 de agosto y un lanzamiento posterior en una plataforma de streaming. Los inversores cuestionan que las decisiones de distribución hayan sido informadas sin instancias previas de consulta.
La presentación refiere a declaraciones públicas atribuidas a Casciari sobre el uso de recursos de un proyecto posterior para cubrir necesidades extraordinarias de otro. Los socios productores sostienen que esa eventual práctica debía ser explicada y autorizada, ya que los grupos de inversores variaban entre una producción y otra.
El documento vincula ese planteo con La Uruguaya, que, de acuerdo con el escrito, recaudó cerca de USD 600.000. Los denunciantes afirman que recuperaron el capital luego de la venta de derechos para América Latina, pero que no recibieron ganancias posteriores pese a anuncios sobre posibles ventas en otros territorios.
También cuestionan el resultado económico de La muerte de un comediante, dirigida y protagonizada por Diego Peretti. Los relatos consignan retornos de entre USD 1 y USD 84,60 para inversiones que, según los casos expuestos, fueron de USD 50 a USD 3.000.
El escrito suma reclamos por la comercialización de Emi On Off, un proyecto de animación sobre Emiliano Martínez. Según los denunciantes, fue cedido a PEGSA y luego vinculado a Netflix con un cambio de formato que no fue consultado con quienes habían financiado la propuesta original.
Sobre D.A.M., los inversores señalan que continuaba la venta de bonos mientras se tramitaban derechos de imagen. Añaden que Casciari habría dicho públicamente que Orsai Audiovisuales ya no existía y que el proyecto pertenecía a Orsai Tech, aunque la comercialización seguía disponible en el sitio de la firma denunciada.
Los denunciantes solicitaron que la Justicia requiera información a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Banco Central de la República Argentina y el Registro Nacional de las Personas. También pidieron identificar las cuentas bancarias de la sociedad y de Casciari.
La presentación reclama una rendición integral de los proyectos y una auditoría contable sobre Orsai Audiovisuales. Como prueba, los firmantes ofrecieron comprobantes de transferencias, correos electrónicos, términos y condiciones, cartas documento, capturas de billeteras virtuales y registros de intervenciones públicas.
Según el escrito, varios socios enviaron cartas documento a domicilios vinculados con la empresa y sus responsables para reclamar información y documentación, pero sostienen que fueron rechazadas, devueltas o no obtuvieron respuesta. La denuncia pide que Casciari y cualquier otra persona que surja de la investigación sean convocados a declaración indagatoria cuando la causa alcance esa instancia.