El máximo tribunal declaró que los ex combatientes de Malvinas no tienen legitimación para impugnar el DNU 23/70, que eliminó los límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros. La decisión habilita la compra de grandes extensiones con recursos naturales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el DNU 23/70, en el artículo 154 que elimina los topes y límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El fallo había sido impulsado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que en diciembre de 2023 presentó un amparo contra el decreto.
En 2023, el CECIM obtuvo una medida cautelar favorable, pero luego el Juzgado Federal 4 determinó que no reunía los requisitos para demandar. Los ex combatientes apelaron y la Cámara de Primera Instancia de La Plata, con dos votos, les dio la razón: sostuvo que estaban habilitados para la demanda y que el DNU era inconstitucional porque no estaba justificada ni la necesidad ni la urgencia. Esto ocurrió en marzo de 2024.
El Gobierno de Javier Milei buscó entonces sancionar una ley que habilitara la venta de tierras, en el marco de la aprobación del RIGI y Super RIGI y la necesidad de flexibilizar acuerdos con empresas extranjeras. Ante el revés del Congreso, el Estado presentó un recurso ante la Corte Suprema, que ahora revocó la sentencia de la Cámara de La Plata.
Con rapidez, la Corte declaró que los ex combatientes no estaban habilitados para reclamar contra el decreto, ya que “la soberanía territorial, como es obvio, es una competencia del Estado, y no un bien colectivo”. Por lo tanto, no hay derecho de incidencia colectiva.
La decisión abre la posibilidad de comprar grandes extensiones de tierra con recursos naturales. La eliminación de la prohibición de vender tierras colindantes a cuerpos de agua permanentes puede generar situaciones donde grandes extensiones extranjerizadas rodeen lagos o ríos, dificultando el acceso a costas públicas. El agua es un insumo estratégico para los centros de datos de inteligencia artificial.
El fallo también se produce en un contexto de demoras en la Corte para resolver otras causas. Según datos del máximo tribunal, la demora promedio de resolución de casos es de un año y ocho meses, mientras que los casos que involucran directamente a las provincias tienen una demora de aproximadamente cinco años y ocho meses. Estos expedientes corresponden a la competencia originaria del tribunal y se concentran en disputas económicas, financieras y de transferencias presupuestarias.
Los principales ejes de conflicto judicializados son Fondos de Transición, Fideicomisos y Subsidios, demandas generadas tras las medidas de ajuste fiscal y los recortes de transferencias no automáticas. También hay demandas por deudas previsionales con Cajas de Jubilaciones No Transferidas y planteos relacionados con modificaciones impositivas y coparticipación.
El rechazo de la Corte Suprema a la demanda de los ex combatientes de Malvinas se produce luego de que el presidente Milei embanderara la causa Malvinas tras el efecto post mundialista, con la frase: “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”.