El diputado nacional libertario sostuvo que la mayoría de las pensiones por discapacidad relevadas en la provincia serían ‘truchas’, aunque no presentó documentación que respalde el porcentaje. La Defensoría del Pueblo y la Justicia cuestionaron el procedimiento de la ANDIS por las suspensiones masivas.
El diputado nacional libertario Adrián Brizuela declaró que entre el 70% y el 80% de las pensiones por discapacidad auditadas en Catamarca resultarían «truchas», retomando una afirmación que antes había formulado el diputado provincial Tiago Puente.
No existe, hasta el momento, ningún informe público, oficial o de un organismo de control que respalde ese porcentaje. Ni la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANDIS), ni el Ministerio de Desarrollo Humano, ni ninguna auditoría conocida han publicado un desglose que permita afirmar que ocho de cada diez pensiones por discapacidad relevadas en la provincia sean fraudulentas.
En febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo de Catamarca advirtió que ANDIS no había presentado una sola prueba individual que acreditara que alguno de los 4.300 beneficiarios catamarqueños a quienes se les suspendió el pago de la pensión hubiera presentado un certificado médico falso o una certificación que no correspondiera.
Al ordenar la restitución de las pensiones suspendidas, los tribunales consideraron que ANDIS había actuado de manera irregular al dar de baja las prestaciones sin dictar previamente un acto administrativo que lo justificara, tal como exige el debido proceso.
Hasta septiembre de 2026 no se ha publicado un desglose oficial que permita establecer cuántas de esas 4.300 prestaciones terminaron siendo dadas de baja en forma definitiva y por qué causal específica. Tampoco surge del expediente judicial un solo caso individualizado de un beneficiario catamarqueño que hubiera presentado un certificado médico falso.
La auditoría realizada en la propia ANDIS tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, que relevó el período diciembre de 2023-agosto de 2025, detectó la ausencia de un sistema integral de control para el programa Incluir Salud, irregularidades en las compras de medicamentos e insumos, deficiencias graves en la documentación respaldatoria, contratos con prestadores que no estaban regularizados y debilidades sistemáticas en el control de expedientes. Encontró, además, un desfasaje de 158.717 millones de pesos en los registros contables internos del organismo, sobreprecios de hasta veinte veces el valor de referencia en insumos médicos y ortopédicos, bienes que figuraban como entregados sin que existiera constancia de su recepción, y casos de facturación duplicada, entre otras irregularidades documentadas que investiga la Justicia.