La Asociación de Trabajadores del Estado informó que los empleados cesanteados la semana pasada fueron restituidos en sus puestos. El Gobierno había argumentado riesgos de seguridad y filtraciones de información.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la reincorporación de los 12 trabajadores de la Quinta de Olivos que habían sido desplazados la semana pasada. Las cesantías, según había explicado el Gobierno Nacional, se produjeron tras una serie de filtraciones sobre la actividad de Javier Milei y su círculo íntimo.
«La organización y la lucha colectiva dieron resultado: les compañeres vuelven a sus puestos de trabajo», afirmó la filial porteña del sindicato que encabeza Daniel Catalano. Agregó: «Frente a cada injusticia, necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos».
Los despidos se habían confirmado el viernes pasado y alcanzaban hasta el intendente de la residencia presidencial, Osvaldo Javier Sosa. El Gobierno había declarado al diario La Nación que se resolvió avanzar con las cesantías porque existía «riesgo para la información y también la seguridad» de quienes habitan la Quinta de Olivos. En ATE Capital, en cambio, habían sostenido que los trabajadores no habían recibido ningún tipo de explicación por sus despidos.
«Despidieron sin ningún motivo al personal de la Quinta de Olivos. Los trabajadores se presentaron a su puesto de laburo como todos los días a realizar las labores que llevan adelante y no pudieron hacerlo. No se les dio ninguna explicación. Nada», aseguró Daniel Catalano, titular de ATE Capital.
El dirigente sindical había calificado la decisión de arbitraria y anticipado que darían «pelea contra estos despidos en todos los frentes porque acá no pueden manejarse a través de caprichos». Había acusado al presidente y a su hermana, Karina Milei, de comportarse como «reyes».
En esa misma línea se había manifestado Rodolfo Aguiar, quien conduce el sindicato a nivel nacional. El dirigente había señalado que la medida adoptada por las autoridades nacionales violaba la garantía de estabilidad del empleo público y confundía poder con arbitrariedad.