La abogada Virginia Marta Cassola presentó una denuncia contra el ministro de Economía y directivos de Central Puerto por presuntos delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes, defraudación y uso de información privilegiada. La presentación recayó en el juzgado 11, a cargo de Ariel Lijo.
La abogada Virginia Marta Cassola presentó este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y contra los directivos y accionistas de Central Puerto por los posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación y utilización y/o suministro indebido de información privilegiada o reservada.
La denuncia recayó en el juzgado 11, que actualmente subroga Ariel Lijo. El objeto de la investigación es determinar si Caputo intervino irregularmente en la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la minera canadiense AbraSilver en el proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca, «con el propósito de generar un beneficio patrimonial extraordinario en favor de Central Puerto».
Según la presentación, Central Puerto ingresó en AbraSilver en 2024 pagando aproximadamente 25,5 millones de dólares por el 9,9% de las acciones. Esta semana vendió esa participación por 163,1 millones de dólares, lo que representa una ganancia de 137,6 millones de dólares y una rentabilidad en dólares del 539% en dos años. El aumento del precio de las acciones se produjo luego de que la minera canadiense obtuvo el RIGI.
La denuncia solicita indagar si hubo una actuación coordinada entre funcionarios y empresarios para beneficiar a Central Puerto y si la venta de acciones «constituyó la realización del beneficio económico derivado de aquella maniobra, determinándose asimismo si existió utilización o suministro de información no pública».
«Corresponde investigar la intervención de Caputo y de los funcionarios que participaron en la evaluación, tramitación y aprobación del RIGI, determinando qué información poseían durante el trámite, qué comunicaciones mantuvieron con representantes de AbraSilver y Central Puerto, qué reuniones celebraron y si existieron instrucciones, gestiones o decisiones adoptadas fuera de los procedimientos ordinarios que permitieran favorecer la operación», sostiene la denuncia.
«Asimismo, deberá establecerse qué conocimiento tenían Central Puerto, sus directivos, accionistas y representantes acerca de la aprobación del RIGI y de sus consecuencias económicas antes de que dicha información fuera públicamente conocida, determinándose si la permanencia de Central Puerto en AbraSilver y su posterior decisión de vender la participación estuvieron vinculadas con información obtenida directa o indirectamente de funcionarios públicos», continúa.
Finalmente, la denuncia solicita que se investigue si la maniobra «consistió en la utilización del RIGI y de las facultades del Ministerio de Economía para favorecer económicamente a un grupo privado vinculado con un proyecto en el que Central Puerto mantenía una participación accionaria, permitiendo que dicha sociedad capturara posteriormente una valorización extraordinaria mediante la venta de su participación y distribuyera inmediatamente el producido entre sus accionistas».