La abogada Virginia Marta Cassola presentó este viernes una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y directivos de Central Puerto por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación y uso de información privilegiada. La presentación se originó por la venta de acciones de la minera canadiense AbraSilver, que contó con beneficios del RIGI.
La abogada Virginia Marta Cassola presentó este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y contra los directivos y accionistas de Central Puerto. La denuncia recayó en el Juzgado 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo. Los delitos imputados son negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario, defraudación y utilización y/o suministro indebido de información privilegiada o reservada.
La presentación judicial se relaciona con la operación de Central Puerto en la minera canadiense AbraSilver. Según la denuncia, Central Puerto ingresó en AbraSilver en 2024 pagando aproximadamente 25,5 millones de dólares por el 9,9% de las acciones. Esta semana vendió esa participación por 163,1 millones de dólares. La diferencia representa una ganancia de 137,6 millones de dólares, con una rentabilidad en dólares del 539% en dos años. El aumento del precio de las acciones se produjo luego de que AbraSilver obtuviera beneficios del RIGI.
La denuncia solicita investigar si Caputo intervino irregularmente en la aprobación del RIGI para AbraSilver en el proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca, «con el propósito de generar un beneficio patrimonial extraordinario en favor de Central Puerto». También pide determinar si hubo una actuación coordinada entre funcionarios y empresarios para beneficiar a Central Puerto y si la venta de acciones «constituyó la realización del beneficio económico derivado de aquella maniobra, determinándose asimismo si existió utilización o suministro de información no pública».
El texto de la denuncia sostiene: «Corresponde investigar la intervención de Caputo y de los funcionarios que participaron en la evaluación, tramitación y aprobación del RIGI, determinando qué información poseían durante el trámite, qué comunicaciones mantuvieron con representantes de AbraSilver y Central Puerto, qué reuniones celebraron y si existieron instrucciones, gestiones o decisiones adoptadas fuera de los procedimientos ordinarios que permitieran favorecer la operación».
Asimismo, la denuncia indica: «Deberá establecerse qué conocimiento tenían Central Puerto, sus directivos, accionistas y representantes acerca de la aprobación del RIGI y de sus consecuencias económicas antes de que dicha información fuera públicamente conocida, determinándose si la permanencia de Central Puerto en AbraSilver y su posterior decisión de vender la participación estuvieron vinculadas con información obtenida directa o indirectamente de funcionarios públicos».
Finalmente, la presentación solicita que se investigue si la maniobra «consistió en la utilización del RIGI y de las facultades del Ministerio de Economía para favorecer económicamente a un grupo privado vinculado con un proyecto en el que Central Puerto mantenía una participación accionaria, permitiendo que dicha sociedad capturara posteriormente una valorización extraordinaria mediante la venta de su participación y distribuyera inmediatamente el producido entre sus accionistas».