Durante la segunda quincena de agosto y los primeros días de septiembre se registraron conflictos en distintas provincias por la crisis de financiamiento del PAMI. En Catamarca, farmacéuticos, médicos y clínicas señalaron atrasos en pagos y desfase de aranceles.
Durante la segunda quincena de agosto y los primeros días de septiembre se registraron una serie de conflictos vinculados a la crisis de financiamiento que afecta al PAMI. En Concordia, Entre Ríos, 15.000 afiliados quedaron sin cobertura privada tras la ruptura del convenio con el principal sanatorio de esa ciudad. En la Patagonia, 300.000 jubilados sufrieron un paro de 24 horas que cortó la atención programada. En el AMBA, el conurbano bonaerense, Córdoba, Mendoza y San Juan, sanatorios y clínicas privadas suspendieron turnos, cirugías y prácticas diagnósticas durante 48 horas. Los centros de diálisis de todo el país advirtieron sobre el riesgo de discontinuidad de tratamientos vitales.
El denominador común en cada provincia es un desfase entre la inflación y los aranceles que PAMI paga a sus prestadores.
En Catamarca, el conflicto adoptó una forma menos visible. El Colegio de Farmacéuticos señaló dificultades para reponer stock de medicamentos con cobertura total, producto de atrasos en las liquidaciones que obligan a los jubilados a recorrer varios establecimientos o afrontar pagos de bolsillo. Los médicos de cabecera y especialistas sostienen que honorarios y cápitas están desfasados frente a los costos operativos, lo que se traduce en demoras para conseguir turnos. Las clínicas y sanatorios reclaman actualizaciones en el costo por módulo de internación y en la provisión de insumos de alta complejidad como prótesis y marcapasos.
El PAMI presenta una diferencia estructural entre los recursos que recibe y el costo creciente de atender a una población de adultos mayores cada vez más numerosa y longeva. La informalidad laboral y el deterioro del empleo registrado redujeron la masa contributiva, mientras el envejecimiento poblacional y la mayor expectativa de vida aumentan la demanda de medicamentos, internaciones, tratamientos oncológicos y cirugías de alta complejidad.
La política del gobierno nacional también incide en la situación. Cuando el Tesoro decide contener las transferencias para sostener el superávit fiscal, PAMI se ve forzado a ajustar prestaciones, postergar pagos a prestadores o acumular deuda. El Impuesto PAIS, vigente entre 2019 y el 23 de diciembre de 2024, no era un tributo afectado exclusivamente al financiamiento de PAMI, pero contribuía, junto con otros recursos, a sostener el gasto público en seguridad social. El Presupuesto Nacional 2025 computa recaudación cero por ese concepto, mientras que las obligaciones sanitarias que ese dinero contribuía a sostener no desaparecieron.
La ley que regula al organismo establece el carácter intangible de los recursos destinados a sus prestaciones.