El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) formalizó su pedido para constituirse como querellante particular en el expediente que investiga la emisión irregular de títulos en el IES Clara J. Armstrong, y solicitó acceso a las actuaciones y revisión de puntajes y órdenes de mérito.
El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) presentó formalmente la solicitud para constituirse como querellante particular en la causa penal que investiga la emisión irregular de títulos docentes en el IES “Clara J. Armstrong”. La presentación, patrocinada por el abogado Fernando Santillán Bustos, fue recibida ayer e invoca la representación del gremio, con inscripción gremial N° 2902, para intervenir de manera activa en el expediente.
En su presentación, el sindicato solicitó que se lo tenga por querellante particular conforme a los artículos 5, 85 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia, con las facultades procesales previstas en el artículo 91. Pidió además que la intervención comprenda tanto los hechos de la denuncia original y sus ampliaciones como a las personas que posteriormente resulten sindicadas o imputadas a lo largo de la investigación.
Entre las medidas solicitadas, requirió acceso a las actuaciones y copia digital del expediente, y una medida probatoria sobre las Juntas de Clasificación, tendiente a reconstruir la incidencia concreta de los títulos cuestionados sobre los puntajes, las grillas y los órdenes de mérito. Según consta en el cargo de recepción, la presentación se compuso de una foja útil, 46 fojas selladas y dos fojas adicionales con el poder para actuar en representación del gremio.
El paso formaliza una intención que el sindicato ya venía adelantando públicamente desde los primeros meses de la causa, cuando había advertido sobre la posible existencia de una asociación ilícita dedicada a la compra y venta de títulos docentes.
Postura del gremio
A través de un comunicado, el sindicato explicó que con esta presentación formalizó el paso que ya había anunciado para intervenir en la causa judicial que investiga las presuntas irregularidades en la emisión de títulos docentes. Remarcó que no permitirá que estas maniobras perjudiquen a quienes estudiaron, se formaron y accedieron a sus cargos respetando las reglas, y exigió que la investigación avance con la mayor celeridad. El gremio reclamó, en ese mismo sentido, que se revisen las grillas, los puntajes y los órdenes de mérito de las Juntas de Clasificación para determinar si hubo docentes perjudicados por la maniobra, en línea con la medida probatoria pedida en el propio expediente.
El comunicado agregó que el sindicato acompañará la causa hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen todas las responsabilidades.
Declaraciones del secretario general
Según precisó su secretario general, Sergio Guillamondegui, actualmente son 39 las personas incluidas en la denuncia. “Se ha alterado el orden de mérito de los docentes que nosotros queremos representar”, explicó el dirigente al fundamentar la intención del sindicato de constituirse como parte afectada.
Guillamondegui sostuvo que el caso excede a los involucrados y requiere revisar los mecanismos de control del Estado y de los IES. “Esto es un tema grave”, afirmó, y reclamó que se destine “personal exclusivo que trabaje sobre estos temas”. Para el gremio, lo ocurrido representa “un bochorno y un desprestigio” para las instituciones de educación superior.
El titular del SIDCA planteó la necesidad de modificar el sistema de registro y control de títulos, proponiendo que los institutos informen en una base de datos digital centralizada quién se recibió y en qué carrera. También cuestionó la falta de controles sobre los libros matrices, a los que definió como “instrumentos públicos”.
En paralelo, el gremio reclamó que el Gobierno avance con auditorías sobre los 17 IES de la provincia y adopte medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Declaraciones de la ministra de Educación
La ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, había confirmado días antes que la cartera amplió la denuncia penal por los títulos irregulares del IES “Clara J. Armstrong”. “Hicimos una ampliación de la denuncia y tenemos que dejar que la Justicia trabaje”, señaló, y agregó que el equipo legal del Ministerio trabajó con toda la documentación necesaria para ponerla a disposición de la Justicia.
La funcionaria explicó que, operativamente, el Ministerio realizó una intervención del instituto y que ya están en funciones las nuevas autoridades de la Comisión Normalizadora, abocadas a regularizar la situación legal del IES y a permitir que se emitan los títulos que aún faltan. Reconoció que existe “mucha demora” en ese proceso y aseguró que se está trabajando en conjunto con la Dirección de Educación Superior para resolverlo.
Las declaraciones de Soria llegaron dos semanas después de que el propio Ministerio informara que se encontraba en curso una investigación administrativa y judicial por presuntas irregularidades detectadas en el proceso de confección, registro, validación y expedición de los títulos del instituto, tras una revisión de los controles realizados sobre la documentación académica y los registros utilizados para respaldar títulos emitidos durante los años 2024 y 2025.
Según había informado entonces la cartera educativa, se identificaron 35 títulos con inconsistencias, correspondientes a distintas carreras de formación docente.