La administración provincial repudió el amarre del petrolero VS Promise en el puerto de Ushuaia y anunció una denuncia formal. El hecho se enmarca en la intervención del puerto por parte del Gobierno nacional.
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur rechazó la operación del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, que amarró en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia. La embarcación, de 228 metros de eslora y capacidad para más de 500.000 barriles de petróleo, realizó operaciones de carga en la terminal de Río Cullen, en el norte de la provincia.
La presencia del buque se da en el marco de la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que desde 2011 prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con bandera británica en puertos fueguinos, en rechazo a la ocupación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
El gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella, emitió un comunicado en el que repudió la operación y anunció una denuncia formal. En el texto, la administración señaló que el puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desde enero, medida cuya legalidad fue cuestionada por la provincia ante la Justicia.
El comunicado expresa: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”.
Además, el gobierno provincial reclamó al Gobierno nacional que informe los criterios por los cuales se autorizó la operación, exigió el cese de la intervención y la restitución de la administración portuaria a la provincia, y convocó a los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto.
La intervención del puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional por su carácter estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía en el Atlántico Sur. La provincia cuestionó la legalidad de la medida y la judicializó.
Funcionarios provinciales investigan qué empresa contrató al petrolero para operar en la zona, dado que el buque realizó maniobras de carga en instalaciones utilizadas por el consorcio encabezado por TotalEnergies.