Mario Alanís advirtió que la iniciativa carece de autonomía respecto del Poder Ejecutivo y reclamó una mayor participación de organizaciones en su redacción.
El director del programa de la Facultad de Humanidades en contexto de encierro de la UNCA, Mario Alanís, expresó críticas al proyecto de ley presentado por los diputados provinciales María Argerich y Nicolás Zavaleta para crear el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Reconoció que Catamarca mantiene una deuda institucional histórica al ser una de las pocas provincias que aún no cuenta con este instituto, y cuestionó la conformación que plantea esta iniciativa.
En diálogo con Tiempo Real, de Ancasti Streaming, el docente sostuvo que la propuesta legislativa no cumple con los estándares necesarios para su correcta aplicación. «A mí me daría vergüenza presentar una cosa así, esencialmente por tres razones: la primera es que debería garantizar fondos para su funcionamiento; en segundo lugar, debería generar las condiciones para que la conducción de este espacio esté a cargo de personas que tengan autonomía respecto del poder político; y en tercer lugar, debería prever la participación de instituciones de la sociedad civil con competencia en la temática», remarcó.
Alanís advirtió que la propuesta actual deja la mayoría de las decisiones en manos de funcionarios y legisladores. «Cinco de las nueve personas que van a integrar participan o dependen del poder político», señaló, y cuestionó la capacidad de control que puede tener un cuerpo eventualmente influenciado por el oficialismo de turno. En ese sentido, aseguró que el texto actual «lo único que hace es concentrar aún más el poder de control del funcionamiento de las agencias de seguridad en otros ramos del poder político».
Por último, el docente universitario insistió en que para que un mecanismo de estas características sea eficaz debe construirse a través debates abiertos en toda la provincia. «Los organismos de control son eficaces y cumplen su función institucional en la medida en que tengan garantizada su autonomía; si no, no», concluyó, al tiempo que lamentó que no se haya convocado a los equipos territoriales ni a organizaciones no gubernamentales para la elaboración del proyecto.
Detalles del proyecto
La iniciativa propone que el Comité esté integrado por nueve miembros que ejercen sus funciones ad honorem: el Defensor del Pueblo —quien preside—, dos representantes del Senado (uno por mayoría y uno por minoría), tres representantes de Diputados (dos por mayoría y uno por minoría), un representante de la Dirección Provincial de Derechos Humanos, uno del Ministerio Público Fiscal y uno de organizaciones de la sociedad civil con trayectoria acreditada en derechos humanos, seleccionado mediante procedimiento público y abierto.
El proyecto incorpora una previsión significativa en materia de inhabilidades: no podrán integrar el Comité quienes hayan pertenecido a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, policiales o al servicio penitenciario. La previsión apunta a uno de los problemas estructurales de los organismos de control en materia penitenciaria: la captura institucional por parte de quienes deben ser monitoreados. En materia presupuestaria, el proyecto adopta un criterio de austeridad: el Comité funcionará dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo sin creación de nuevos cargos remunerados. El Comité deberá elaborar un Informe Anual público antes del 31 de mayo de cada año, remitido a los tres poderes del Estado y al CNPT nacional.