El Partido Intransigente de Catamarca repudió dichos de un referente de La Libertad Avanza sobre la Masacre de Capilla del Rosario

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La Mesa Directiva Provincial del Partido Intransigente emitió un comunicado en rechazo a las expresiones de Fernando Zamiruk, encargado de prensa de La Libertad Avanza en la provincia, quien se refirió a la Masacre de Capilla del Rosario con la frase ‘no terminaron con todos, una pena’.

La Mesa Directiva Provincial del Partido Intransigente de Catamarca, presidida por Adriana Díaz, emitió un pronunciamiento en repudio a las declaraciones públicas realizadas por Fernando Zamiruk, docente de la «Escuela de la Libertad» y encargado de prensa de La Libertad Avanza en la provincia. Según el comunicado, Zamiruk expresó en redes sociales que «no terminaron con todos, una pena» en referencia a la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en agosto de 1974.

Desde la conducción del partido señalaron que dichas afirmaciones constituyen apología de delitos de lesa humanidad y evidencian ignorancia histórica. Además, indicaron que «traspasan un límite ético e institucional inaceptable para la convivencia democrática» y subrayaron que cualquier respuesta del Estado debe darse bajo el marco de la Constitución Nacional.

Las autoridades del Partido Intransigente advirtieron sobre el uso de la violencia verbal en el debate público. Afirmaron que, ante el impacto socioeconómico que atraviesa la ciudadanía, el espacio oficialista apela a la provocación, el negacionismo y la polarización para desviar la atención de las prioridades del pueblo.

«La democracia argentina y la vigencia plena de sus instituciones han exigido un enorme sacrificio colectivo a nuestro país. No podemos permitir ni naturalizar el discurso del odio como un recurso válido en el debate público», afirmaron desde la Mesa Directiva.

Finalmente, la agrupación política convocó a partidos, organizaciones sociales y a la comunidad en general a mantener una postura firme en la defensa de las libertades individuales, los derechos humanos y las garantías constitucionales. «La paz social solo se construye con más democracia, estricto apego al orden constitucional y respeto irrestricto por la dignidad humana», concluyó el pronunciamiento.

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