El Ejecutivo nacional ratificó la aplicación de sanciones a los prácticos que mantienen paralizada la actividad en los principales puertos del país, en el marco del conflicto por la desregulación del sector dispuesta mediante el Decreto 690/2026.
El Gobierno nacional confirmó este martes que avanzará con sanciones contra los prácticos que mantienen paralizada la actividad portuaria, luego de la intimación cursada por la Prefectura Naval Argentina para que retomen sus funciones. Así lo expresó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en una conferencia de prensa.
La medida de fuerza, adoptada en rechazo a la desregulación del sector impulsada por el Ejecutivo mediante el Decreto 690/2026, mantiene frenada la operatoria en los principales puertos del país. El servicio de practicaje, que consiste en asistir a los buques durante las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, permanece interrumpido.
El conflicto se originó tras la entrada en vigencia de la norma promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la reforma al sostener que busca “desarmar kioscos” y convertir los ríos argentinos en “una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”. Entre los cambios introducidos por el decreto se encuentran la exención de contratar prácticos para determinados capitanes extranjeros con experiencia, la ampliación del tamaño de los buques que requieren asistencia obligatoria, la eliminación de los cupos para acceder a la actividad y la posibilidad de que la Prefectura Naval también pueda prestar el servicio.
Los prácticos rechazaron la reforma y decidieron no aceptar nuevos contratos. Dado que la mayoría ejerce como profesional independiente y no está representada por un sindicato, el Gobierno no puede dictar la conciliación obligatoria, ya que técnicamente no existe un conflicto laboral colectivo. La Prefectura Naval intimó a más de 500 profesionales a retomar sus tareas bajo apercibimiento de sanciones administrativas y penales, pero la actividad continúa prácticamente paralizada.
El impacto económico ya se registra en distintos sectores productivos. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, declaró a Cadena 3 que cada buque detenido genera pérdidas de entre 50.000 y 100.000 dólares por día. “Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”, afirmó.
En el sector energético, quedó suspendida la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, en Neuquén, debido a las restricciones operativas en el puerto de Bahía Blanca. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas permanecen interrumpidas por la falta de prácticos y advirtió sobre posibles demoras en el transporte de mercaderías.
La medida de fuerza alcanza a los puertos de todo el país, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. El mayor impacto se registra sobre el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino.