La Fiscalía de Instrucción N° 7 del Distrito Este, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, concluyó la investigación y requirió la elevación a juicio de una causa contra una mujer imputada por el uso no autorizado de una tarjeta de crédito.
La fiscal de Instrucción N° 7 del Distrito Este, Paola González Pinto, dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y solicitó la elevación a juicio de la causa seguida contra una mujer, imputada por el delito de «defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito o débito obtenidas ilegítimamente de su legítimo usuario», en concurso real y en calidad de autora.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer de 71 años, quien advirtió que su tarjeta de crédito registraba compras y operaciones que no había autorizado. La Fiscalía dispuso medidas de investigación para determinar el origen de las transacciones e identificar a la persona responsable.
Durante la investigación se incorporaron la denuncia y declaración testimonial de la damnificada, informes del banco sobre los movimientos de la tarjeta, respuestas de empresas, declaraciones testimoniales, allanamientos y análisis de evidencia digital extraída mediante herramientas forenses.
Según la investigación, la imputada accedió a los datos de la tarjeta aprovechando la relación de confianza con la víctima, quien era su suegra y le había entregado el plástico en varias oportunidades para compras autorizadas. La Fiscalía sostiene que, excediendo esa autorización, la imputada utilizó los datos para efectuar compras y pagos en beneficio propio, ocasionando un perjuicio patrimonial total de $557.902,01.
El primer hecho ocurrió el 17 de agosto de 2024, cuando la imputada habría utilizado los datos de la tarjeta para adquirir un teléfono celular a través de una empresa de telefonía. Entre el 23 de agosto y el 4 de octubre de 2024, se registraron otras cuatro transacciones con el mismo medio de pago, también sin autorización de la titular. Con base en las pruebas reunidas, la fiscal consideró acreditado el hecho con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal y requirió la intervención del tribunal competente.