El cuerpo legislativo otorgó un plazo de 72 horas hábiles al intendente Francisco Gordillo para regularizar la transferencia de partidas y la provisión de insumos. De persistir el incumplimiento, se promoverá una denuncia penal.
El Concejo Deliberante de Pomán aprobó una resolución mediante la cual intimó al intendente Francisco Gordillo a regularizar, en un plazo de 72 horas hábiles, la transferencia de partidas presupuestarias y la provisión de insumos para el funcionamiento del cuerpo legislativo. En caso de incumplimiento, facultó a la Presidencia del Concejo a promover una denuncia penal por presuntos delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Según informó el CD a través de un comunicado, el conflicto se originó por la falta de transferencia de los fondos correspondientes a la denominada «Caja Chica», fijada en dos millones de pesos mensuales por la Ordenanza N° 17/2025. El cuerpo sostiene que el Ejecutivo adeuda las partidas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026.
El Concejo también afirmó que la falta de recursos económicos y de insumos básicos, como hojas y tóner para impresoras, afecta el funcionamiento administrativo y legislativo del organismo y compromete las tareas de una planta permanente integrada por 21 trabajadores.
En la resolución, los concejales señalaron que previamente agotaron las instancias administrativas mediante notas dirigidas al Ejecutivo y una resolución aprobada por unanimidad, sin obtener respuesta. Asimismo, sostuvieron que, al no haberse sancionado un nuevo presupuesto municipal, continúa vigente la reconducción automática del Presupuesto General establecida en la Ordenanza N° 23/2025, conforme al artículo 45 de la Ley Provincial N° 4640.
De acuerdo con el documento, sobre un presupuesto municipal de $20.644.080.000, al Concejo Deliberante le correspondería una partida de $634.800.000, prevista en la Planilla 4 del presupuesto reconducido, recursos que —según el cuerpo legislativo— no fueron transferidos por el Ejecutivo.
La resolución también dispone que, si el plazo otorgado vence sin que se regularice la situación, la Presidencia del CD podrá presentar una denuncia penal contra el intendente por los presuntos delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, además de remitir las actuaciones a la Dirección de Asuntos Municipales, al Tribunal de Cuentas y a otros organismos de control.
En el comunicado, el Concejo sostuvo que la retención de partidas y la falta de provisión de insumos «configuran una subordinación de hecho que quiebra la división de poderes» y consideró que la situación afecta la institucionalidad del municipio.