La madre de una alumna de sexto año del nivel secundario presentó una denuncia ante el Ministerio de Educación y las autoridades del colegio por presuntos hechos de bullying, abandono y discriminación ocurridos entre octubre de 2024 y junio de 2025.
La madre de una alumna de sexto año del nivel secundario presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Educación y las autoridades de un colegio privado de Tinogasta, Catamarca, por presuntos hechos de bullying, abandono y discriminación sufridos por su hija. La denunciante también acusó al establecimiento educativo de no haber tomado medidas para frenar esas conductas.
Para evitar la revictimización de la menor, no se divulgan nombres propios ni la identidad del colegio.
Según el relato de la denunciante, los hechos de acoso escolar comenzaron en octubre del año pasado y se extendieron hasta junio de este año. Durante ese período, su hija habría sido víctima de exclusión, difamación y maltrato verbal.
En octubre, mientras se conformaban las ternas para la bandera, un grupo de compañeras habría excluido a su hija y a otras dos compañeras de esa actividad. También se registraron episodios de difamación y maltrato verbal durante las clases de educación física. Además, la menor habría sido excluida de grupos de WhatsApp y de actividades sociales escolares como el “banderazo” y el “Último Primer Día (UPD)”.
La denunciante señaló que su hija recibió agresiones indirectas en grupos de WhatsApp y que un compañero envió un mensaje de contenido sexual perverso y violento dirigido a la madre.
Asimismo, indicó que la alumna fue golpeada intencionalmente con una pelota en la cara y que estos hechos le provocaron crisis de nervios.
La mujer sostuvo que las autoridades del colegio no separaron al compañero que habría agredido a su hija ni convocaron a los padres de dicho alumno a reunión. También afirmó que la institución no implementó medidas de diagnóstico ni actuó conforme al artículo 6 de la ley provincial 5402, que establece obligaciones en materia de convivencia escolar.
La denunciante solicitó al Ministerio de Educación que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de su hija a la educación y a la protección. Está previsto que la madre realice una denuncia penal por el incumplimiento de la normativa mencionada.