La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para intentar revertir la condena por corrupción en la Causa Vialidad, que incluye la inhabilitación para cargos públicos. El equipo legal sumó a dos abogados extranjeros.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intentar revertir la condena por corrupción que se le impuso en la Causa Vialidad, que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia”, Fernández de Kirchner sostuvo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU someterá a los jueces que participaron de su juzgamiento “al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. “Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales”, señaló.
La expresidenta afirmó que es víctima de “violación de derechos políticos y proscripción”.
Los abogados que se sumaron al argentino Carlos Beraldi ante la ONU son Rafael Valim, brasileño, que representó a Lula Da Silva, y Javier Borrego, agente del reino español ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo español.
Durante una conferencia de prensa, Borrego afirmó que la sentencia Vialidad obedeció “al fin absolutamente espurio de quitarla de cualquier contienda electoral” por medio de la inhabilitación. También se refirió al sistema electoral argentino: “Perdón, ¿las primarias son elecciones para un cargo público? En principio no. Son elecciones preparatorias para las futuras elecciones para un cargo público. Por lo tanto al sistema PASO Cristina Fernández de Kirchner podría presentarse porque no es para un cargo público”, declaró.
La presentación ante la ONU incluye un pedido de medida cautelar para que se le restituyan sus derechos políticos antes de que el Comité aborde la cuestión de fondo. Diversas fuentes jurídicas coinciden en que las decisiones del organismo no tienen carácter vinculante y que la última instancia argentina, la Corte Suprema de Justicia, ya ratificó la condena.
El Partido Justicialista, cuya administración controla Fernández de Kirchner, evalúa mecanismos para presentarla como precandidata, ya sea en las PASO o en internas partidarias.