La presentación judicial acusa al presidente de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario por asistir a un acto político opositor en San Pablo con recursos del Estado.
Dos abogados, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia se centra en el viaje oficial que el mandatario realizó a Brasil para participar de un acto del espacio político del ex presidente Jair Bolsonaro.
Según el texto de la denuncia, Milei utilizó “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para asistir a un acto opositor en San Pablo, en apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro. Los denunciantes sostienen que esto implicó un desvío de recursos públicos de su finalidad específica.
La presentación judicial destaca las declaraciones que Milei realizó durante el acto político. El presidente calificó al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “presidiario”, mientras que al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes lo llamó “basura calva”.
Los abogados indicaron que esas expresiones fueron pronunciadas “en un acto político opositor” y constituyeron una intervención en asuntos internos del país vecino. Sostuvieron que Milei “se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino, además de agredir verbalmente al oficialismo brasileño y a un importante magistrado del Poder Judicial”.
Para los denunciantes, esa conducta “desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados por la ley de presupuesto para la representación exterior de la República Argentina”. Agregaron que “los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales”.
La denuncia invoca el principio de no injerencia en el derecho internacional, citando la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU. Desde esa perspectiva, los abogados entienden que los hechos podrían encuadrarse en el delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 260 del Código Penal, y en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el artículo 248 del Código Penal.
Como medidas de prueba, solicitaron que se requiera a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar toda la información vinculada al viaje presidencial, incluyendo el detalle de los gastos, viáticos, integrantes de la comitiva y las órdenes de vuelo del avión presidencial. También pidieron que, una vez reunida la prueba, Milei sea citado a declaración indagatoria.