La querella sostiene que Gendarmería no entregó transcripciones de comunicaciones del momento del disparo que hirió al fotógrafo.
La causa judicial que investiga el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo durante una movilización frente al Congreso Nacional sumó un nuevo capítulo. La familia del reportero gráfico denunció que las fuerzas de seguridad omitieron información de los registros oficiales incorporados al expediente.
En un comunicado difundido este viernes, los familiares afirmaron que los reportes entregados por Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan irregularidades que coinciden con el momento en que Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada contra su cabeza durante la movilización de jubilados del 12 de marzo de 2025. “Las comunicaciones existen, los registros están, pero nos los ocultan”, expresaron.
La denuncia apunta a la ausencia de la franja horaria comprendida entre las 17 y las 17.59 en las transcripciones de las comunicaciones entre las fuerzas de seguridad remitidas a la Justicia. Según la abogada querellante Claudia Cesaroni, la documentación entregada por la Policía Federal supera las 600 páginas, pero omite la hora en la que el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero efectuó el disparo que dejó a Grillo gravemente herido.
El expediente judicial ya había desmentido la versión oficial difundida tras la represión. La investigación estableció que el disparo fue efectuado por Guerrero en forma prácticamente horizontal, en violación de protocolos nacionales e internacionales para el uso de lanzagases. Las pericias determinaron que el proyectil viajó a aproximadamente 280 kilómetros por hora e impactó directamente sobre Grillo, descartando la hipótesis de un rebote.
Como consecuencia del disparo, el fotógrafo sufrió fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Permaneció casi tres meses internado en terapia intensiva y continúa en rehabilitación, con pronóstico reservado. En octubre de 2025, la jueza María Servini procesó a Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado, resolución confirmada por unanimidad por la Cámara Federal.
La querella, integrada por la familia de Grillo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, busca determinar las responsabilidades de la cadena de mando del operativo y el rol de las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich. Las nuevas irregularidades podrían incorporar elementos para investigar un eventual encubrimiento.
En mayo de 2026, una muestra fotográfica con imágenes de Pablo Grillo iba a inaugurarse en el Senado de la Nación, pero fue suspendida horas antes. La decisión fue cuestionada por organismos de derechos humanos, periodistas y referentes culturales.