El Ejecutivo nacional ratificó su exigencia de transparencia en el manejo de fondos universitarios y anunció una reunión con rectores para discutir el financiamiento de hospitales educativos.
El Gobierno nacional ratificó su postura de exigir transparencia en el manejo de los fondos universitarios y confirmó que, tras la marcha federal, convocará a los rectores para discutir un nuevo esquema de financiamiento para los hospitales educativos.
En una reunión de prensa, el Ministerio de Capital Humano señaló que tiene en carpeta crear una comisión con las autoridades de las casas de estudio que posean centros de salud, con el objetivo de debatir el traspaso de recursos que, hasta el momento, se transferían de forma discrecional.
La ministra Sandra Pettovello sostuvo: “Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra la universidad pública y todas esas mentiras que se dicen. Lo que nosotros queremos es hacer gasto eficiente, inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad”.
En la previa de la movilización, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, adelantó que planea lanzar una página web para que la ciudadanía consulte el destino final de los recursos del sector, argumentando que la administración de los datos hoy está en manos exclusivas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“Muchos de estos datos no los tiene casi nadie. Se hacía muy difícil la publicación de datos. El sistema estaba funcionando sin depurarse”, afirmó el funcionario. Además, señaló que hace años no se analizaban indicadores como el costo por alumno y por graduado, detallando que en la Universidad de las Artes el costo total por egresado alcanza los $423.830.487.
Respecto a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, Álvarez consideró que la norma es inaplicable tras la aprobación del Presupuesto. “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto”, afirmó el subsecretario, quien además subrayó que la medida implicaría un aumento salarial del 50% que el Estado no puede afrontar.
Asimismo, cuestionó que la normativa original incumplía la Ley de Administración Financiera al no especificar el origen de los recursos para dicho gasto.
Otro punto expuesto por el Gobierno fue la situación de los estudiantes extranjeros y el rendimiento académico. Según datos oficiales, de los casi dos millones de alumnos, menos de la mitad reviste carácter de “regular”. Álvarez también señaló que ninguna institución ha comenzado a cobrar matrícula a no residentes, a pesar de estar habilitadas por decreto.
“¿A ustedes les parece que no es relevante el 50 % de la matrícula de la Facultad de Medicina de La Plata, que le pertenece a extranjeros?”, planteó el funcionario, quien vinculó la movilización a una intención política de la oposición para cambiar el eje de la discusión sobre la eficiencia del gasto público.