Mientras avanza la iniciativa de la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género y delitos sexuales, surgen cuestionamientos sobre su impacto en las víctimas y la eficacia de la medida.
En el marco del tratamiento de diversas iniciativas legislativas, el Senado de la Nación avanza con un proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada que busca modificar las penas por falsas denuncias en casos específicos de violencia de género, delitos sexuales y aquellos donde las víctimas sean niñas, niños y adolescentes. La propuesta eleva la pena actual de 3 años a un rango de entre 6 y 8 años de prisión efectiva.
Paralelamente, la Cámara Alta dio dictamen favorable al proyecto denominado “Ley Hojarasca”, que pretende derogar 70 leyes obsoletas de las aproximadamente un millón que existen en Argentina. Algunas de estas normas datan del siglo XIX y regulan prácticas en desuso. La iniciativa busca reducir costos operativos y mejorar la seguridad jurídica.
En relación al proyecto de Losada, diversas voces señalan que la figura de falsa denuncia ya está contemplada en el Código Penal, por lo que consideran redundante su modificación. Datos del Consejo de la Magistratura de 2025 indican que el número de presentaciones por falsas denuncias no es significativo, estimándose en un 3% del total, y que la mayoría de los casos están vinculados a delitos económicos.
Organizaciones especializadas en género y derechos de la infancia advierten que endurecer las penas podría desalentar las denuncias reales, en un contexto donde las víctimas ya enfrentan obstáculos como la revictimización, la dependencia económica o la presión familiar. Según un relevamiento de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (2023-2024), el 90% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres y el 40% pertenecen al grupo de niñas, niños y adolescentes.
La senadora Losada ha justificado su iniciativa señalando que existen estimaciones sobre falsas denuncias, aunque reconoció que no hay datos oficiales precisos. También mencionó en declaraciones mediáticas que “tengo amigos que trabajan en multinacionales que me dicen que, entre tener a un hombre y a una mujer, si la mujer es joven y encima está buena, prefiero que sea un hombre”, lo que generó críticas por considerar que refleja prejuicios y discriminación.
El debate se da en un contexto donde el Estado ha reducido presupuestos y estructuras destinadas a la prevención de violencias y contención de víctimas, lo que añade complejidad al análisis de la propuesta legislativa.