La demora en los pagos salariales y la posterior medida de fuerza por tiempo indeterminado en la empresa de transporte público El Nene generan incertidumbre entre los 60 empleados, mientras el Ministerio de Transporte intimó a la firma a restablecer el servicio.
La empresa de transporte público El Nene atraviesa una situación crítica que afecta a sus trabajadores y a los usuarios del servicio en Catamarca. La demora en los pagos, la posterior medida de fuerza por tiempo indeterminado y una intimación para que la firma preste el servicio se suman a la preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo.
Roque Chanquia, referente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), señaló que la situación es cada vez más complicada y que a la fecha no han recibido respuesta sobre lo adeudado por parte de la patronal. La deuda corresponde al 30% del sueldo de marzo y afecta a 60 empleados, de los cuales 45 son choferes.
Si bien solo tres unidades salieron a realizar los recorridos, Chanquia indicó que los trabajadores que salieron lo hicieron en un clima hostil, con riesgo para su integridad. Además, afirmó que no hay comunicación con la empresa.
Desde El Nene argumentan dificultades económicas vinculadas a retrasos en los pagos estatales y a la caída de pasajeros. “Terminamos siendo rehenes nosotros y los pasajeros. La empresa debería estar gestionando soluciones”, reclamó Chanquia, y agregó que desde el Ministerio de Transporte les informaron que la situación es complicada.
Por su parte, el titular de la UTA, Juan Vergara, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la empresa salga del sistema de transporte público y solicitó que se garantice la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Aclaró que el gremio no impulsa una salida empresaria, sino que pide el cumplimiento de las obligaciones.
En la tarde de ayer, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte, intimó a la empresa a restablecer de manera inmediata el servicio, interrumpido desde el 27 de abril. El Ministerio remarcó que el transporte público es un derecho esencial y que se aplicarán sanciones que pueden incluir multas, suspensión o caducidad del permiso, e incluso la inhabilitación para operar.