La cooperativa láctea presentó de manera oficial la solicitud de declaración de quiebra en el marco del concurso de acreedores que tramita, tras reconocer la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones y de presentar un acuerdo preventivo viable.
El pedido de quiebra de SanCor dejó de ser un rumor y se convirtió en un hecho formal. Este 16 de abril, la presentación fue incorporada al expediente judicial del concurso de acreedores que tramita la cooperativa. El escrito fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, y lleva la firma del presidente del Consejo de Administración, Oscar Juan Sapino.
En la solicitud, se pide la «declaración de propia quiebra por frustración del concurso preventivo», en el marco del proceso iniciado en febrero del año pasado. El juzgado tomó nota del pedido y lo dejó en estado de resolución, por lo que la decisión final ahora queda en manos del magistrado.
Los fundamentos de la solicitud
El expediente incorpora el acta de una asamblea del Consejo de Administración realizada el 8 de abril, donde la cooperativa expone su crítica situación. En el documento, la conducción reconoce que «técnicamente se encontraría en cesación de pagos» y que enfrenta una «imposibilidad de poder realizar cualquier tipo de propuestas de acuerdo preventivo».
Según el texto, el relanzamiento de la empresa se vio afectado por la imposibilidad de poner en marcha la plena actividad industrial, lo que impidió financiarse con su propio flujo de fondos. Esta limitación derivó en un aumento de la deuda post-concursal. El acta señala que «hoy SanCor ya no puede cumplir regularmente con sus obligaciones, sin recurrir a medios ruinosos», configurando un cuadro de insolvencia estructural.
En la presentación judicial, la empresa sostiene que no logró recomponer su operación ni generar ingresos suficientes, pese a intentos y acuerdos con terceros. Describe un contexto de restricciones al crédito, falta de capital de trabajo y una estructura de costos insostenible, que imposibilitan atender obligaciones como salarios, compromisos fiscales y deudas comerciales.
Próximos pasos y asamblea extraordinaria
En paralelo, SanCor informó la convocatoria a una asamblea extraordinaria de asociados para el 30 de abril, donde se buscará ratificar la decisión adoptada por el Consejo de Administración. Este paso representa un respaldo institucional en un contexto de fuerte deterioro.
Ahora, el foco está en la Justicia. El juez Gelcich deberá definir si declara la quiebra, lo que implicaría pasar de un proceso de reestructuración a una etapa de liquidación bajo control judicial. En ese escenario, los activos de SanCor quedarían bajo administración de un síndico, quien podría avanzar en su venta para satisfacer a los acreedores. También se podría evaluar alguna forma de continuidad limitada de la explotación.
La causa llega a este punto con una situación límite. SanCor acumula una deuda cercana a los 120 millones de dólares, con más de 1.500 acreedores verificados. Según el gremio Atilra, la empresa adeuda ocho meses de salarios y aguinaldos. Operativamente, la actividad se sostiene a niveles mínimos, con plantas funcionando parcialmente o mediante acuerdos con terceros.
Con el ingreso formal del pedido, el proceso dio un paso decisivo: la quiebra ya no es una posibilidad en discusión, sino una solicitud concreta que la Justicia debe resolver en el corto plazo.