El programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, registró una ejecución promedio de 466 mil pesos mensuales en los primeros meses del año, según la última actualización del presupuesto abierto. Esta cifra es comparable al monto de una jubilación mínima, que actualmente ronda los 440 mil pesos.
Una caída presupuestaria histórica
Para el año 2026, la actividad cuenta con una asignación total de 47 millones de pesos, lo que representa una disminución del 91.5% en comparación con lo presupuestado para 2025. Esta reducción continúa una tendencia de recortes que, según organizaciones de la sociedad civil, se inició en 2016 y nunca se revirtió.
El programa está orientado a la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) e incluye tareas de capacitación profesional, cooperación técnica con provincias y municipios, e investigación. Los fondos actuales, según análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), son insuficientes para cubrir las necesidades básicas del sistema.
Crisis paralela en el abordaje de adicciones
La situación de precariedad financiera no se limita a este programa. La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), organismo clave en la prevención y asistencia de consumos problemáticos, también enfrenta desafíos. Si bien su presupuesto para 2026 es de 67.051 millones de pesos, presenta una leve disminución respecto al año anterior.
La Mesa Nacional de Adicciones alertó recientemente sobre el riesgo de cierre de numerosas organizaciones debido a demoras de más de tres meses en los pagos de las becas de tratamiento por parte de la Sedronar. Fabián Tonda, titular de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas (FONGA), confirmó que recién esta semana se hicieron efectivos los pagos correspondientes a diciembre.
Impacto directo en los tratamientos
«La situación es complicada, porque pasa como en las familias: vos tenés un ahorro y te lo gastás para sobrevivir, pero en algún momento esta situación de atraso significa no poder pagar sueldos, no poder pagar comida», explicó Tonda. El retraso en los fondos ha forzado a las instituciones a endeudarse, reducir gastos y enfrentar una alta rotación de personal, lo que afecta directamente la continuidad y calidad de los tratamientos.
Profesionales del sector subrayan la importancia de la estabilidad en el vínculo terapéutico. «Es importante que una persona tenga al mismo psicólogo durante todo el proceso», sintetizó el referente de FONGA. La crisis institucional no solo pone en riesgo la asistencia actual, sino que deja a nuevas personas sin posibilidad de acceso a un tratamiento adecuado.
Un trabajo que va más allá de la abstinencia
Fernando, consultor psicológico y tallerista en uno de estos centros, detalló el alcance del trabajo. «La idea de los talleres es que los residentes puedan buscar otras formas de expresar sus emociones, poder hacer escenas en las que ellos se vean y vean qué cosas hay que modificar», señaló. El objetivo incluye la revinculación familiar y el desarrollo de habilidades básicas.
«Hay algunos residentes que, quizás por el mismo estado de vulnerabilidad en el que vienen, nunca se sentaron en una mesa a comer, entonces aprenden esos modales», ejemplificó. El trabajo abarca desde la higiene personal hasta la construcción de un nuevo vocabulario para expresar pensamientos y emociones, sustituyendo conductas nocivas.
La interrupción de estos servicios, advierten los especialistas, tiene un costo social profundo, dejando a personas en situación de extrema vulnerabilidad sin la red de contención y tratamiento que necesitan para su recuperación e integración social.