Un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos revocó este martes la sentencia que condenaba a la Argentina a desembolsar una suma cercana a los 16.000 millones de dólares, más intereses, en el marco del largo litigio por la expropiación de YPF. La resolución, emitida por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, fue celebrada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que la definió como un «logro de magnitud histórica».
Un fallo clave tras doce años de litigio
El conflicto judicial se extendió por más de una década, iniciado por fondos de inversión que reclamaban compensaciones por la estatización de la petrolera en 2012. La reciente decisión judicial anula por completo la condena multimillonaria que pesaba sobre el Estado argentino, marcando un punto de inflexión en uno de los juicios más significativos de la historia del país en tribunales internacionales.
Un trabajo coordinado entre áreas del Estado
En un comunicado oficial, la Procuración del Tesoro destacó que el resultado favorable es producto de una labor conjunta de diversas reparticiones gubernamentales. Según el organismo, en la defensa participaron activamente la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Economía y la Cancillería, además de un equipo jurídico especializado a nivel internacional.
El texto subrayó el «trabajo profesional e independiente» llevado a cabo en la representación legal del país. Asimismo, señaló que la Argentina «no se dejó amedrentar» frente a las dimensiones y la complejidad del caso, manteniendo una estrategia de defensa firme a lo largo del proceso.
El camino que queda por delante
A pesar de la importancia del revés judicial para los demandantes, desde la Procuración aclararon que «queda mucho por hacer». El fallo representa un paso fundamental, pero no el final definitivo del litigio, por lo que el equipo legal nacional anticipó que continuará trabajando en la defensa de los intereses del Estado en la etapa que sigue.
La resolución alivia una presión financiera potencial enorme para las cuentas públicas y elimina, al menos por el momento, una de las contingencias legales de mayor monto que enfrentaba la Argentina en el exterior. El caso había generado una significativa incertidumbre en los mercados y en la planificación económica.