Luego de que los concejales del bloque La Libertad Avanza – PRO, Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, exigieran explicaciones por el presunto uso irregular de un vehículo oficial en la Capital, el funcionario municipal Eugenio Barros salió a responder públicamente y admitió que existió un uso indebido, aunque aclaró que ya se tomaron medidas.
El planteo de los ediles opositores surgió tras la viralización de imágenes en redes sociales en las que se observa a una camioneta Toyota Hilux, perteneciente al área de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales, descargando muebles en un domicilio particular sobre avenida Amerindia.
A partir de esto, los concejales presentaron un Proyecto de Comunicación solicitando informes urgentes al Ejecutivo municipal. Entre los puntos, pidieron precisar qué función cumplía el vehículo, quién estaba a cargo, si existía orden de servicio y si el domicilio correspondía a un beneficiario de programas sociales.
En su respuesta, Barros fue contundente y reconoció la irregularidad: “Un chofer hizo un uso indebido del vehículo al realizar una mudanza particular sin autorización. Se trata de una falta grave, que no tiene justificación”, expresó.
El funcionario detalló que el hecho derivó en una sanción inmediata, indicando que el trabajador fue apartado del uso de vehículos oficiales. Además, explicó que el área social funciona con guardias permanentes y disponibilidad de móviles para atender urgencias, lo que implica un uso constante de los rodados.
No obstante, Barros también cuestionó el tono del reclamo opositor y habló de una reacción desmedida:
“Estamos hablando de un trabajador que cometió un error, que dio la cara y pidió disculpas”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la situación ya fue corregida.
En ese marco, el funcionario apuntó directamente contra los concejales de LLA-PRO y otros sectores:
“Lo que no podemos permitir es la doble vara”, afirmó, y agregó que no observó la misma postura crítica en otros casos a nivel nacional.
Incluso, mencionó al vocero presidencial Manuel Adorni, al señalar: “No los vimos con la misma vehemencia cuando se utilizaron recursos del Estado para fines que nada tienen que ver con las necesidades de la gente”.
Finalmente, Barros buscó cerrar la polémica con una definición política: “Creemos en la responsabilidad, pero también en la oportunidad de corregir errores. No en la condena permanente ni en el ensañamiento”, expresó.
Mientras tanto, el pedido de informes de los concejales seguirá su curso en el Concejo Deliberante, donde la oposición anticipó que insistirá con sanciones si se comprueba el uso indebido de recursos públicos.