El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó una acción de amparo colectivo contra el Estado nacional para que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, que dejó sin efecto el sistema oficial de información de precios de los combustibles.
En diálogo con Radio 750, el abogado Federico Llorente, especialista en derecho administrativo e integrante de CEPIS, explicó los fundamentos de la demanda. “Si no hay obligación de informar, las estaciones de servicio pueden hacer lo que quieren”, afirmó.
Según detalló, hasta mayo de 2025 regía un sistema por el cual las estaciones debían informar los precios cada ocho horas, lo que permitía una fiscalización tanto por parte del Estado como de los particulares. “Eso te permitía control. Ahora la resolución dice que la información va a ser cada mes vencido”, señaló.
Llorente sostuvo que la nueva normativa elimina un mecanismo de control sin establecer uno superador. “Si se deja sin efecto un sistema, necesariamente se tiene que plantear un mecanismo que sea superior. Acá la resolución plantea que sean las mismas estaciones de servicio, mediante redes sociales, las que informen el valor del combustible. Es como poner al lobo a cuidar a las ovejas”, graficó.
Desde CEPIS señalaron que la preocupación no es solo institucional sino ciudadana. “Estamos muy preocupados, pero no es solo una cuestión nuestra, sino de la ciudadanía en general”, indicó el abogado. Por ese motivo impulsaron un amparo colectivo que represente a todos los consumidores y usuarios afectados por la medida.
El planteo judicial busca que se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía. “No encuentro una causa positiva para haber eliminado el sistema anterior. Creo que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la discrecionalidad administrativa”, expresó.
El abogado también subrayó que el precio del combustible impacta de manera transversal en la economía. “Cuando hablamos del valor del combustible no tenemos que pensar solamente en qué pasa cuando llego a la estación de servicio, sino en la multiplicidad de cuestiones en las que influye. Afecta en nuestra cotidianidad constantemente, hasta en el precio de la leche”, afirmó.
El proceso judicial contempla un plazo de 30 días para que todas las personas que tengan interés en el litigio puedan presentarse. “Después de eso esperamos obtener una sentencia que dé lugar a nuestra petición”, concluyó Llorente.