Entre los múltiples aspectos polémicos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei hay uno que pasó relativamente inadvertido y que, paradójicamente, podría convertirse en el de mayor gravitación estructural: su impacto sobre el sistema previsional y, en particular, sobre ANSES.
La creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) establece un aporte empresarial equivalente a un porcentaje del salario: 2,5% para las pymes y 1% para las grandes empresas. El problema radica en que ese aporte al FAL sería compensado con una reducción equivalente en las cargas patronales, también del 2,5% para las pymes y del 1% para las grandes empresas. Es decir, las empresas no asumirían un costo adicional real. El financiamiento de los despidos quedaría indirectamente a cargo del sistema de seguridad social, ya que la merma en contribuciones impactaría directamente en los recursos de la ANSES.
Un estudio del Instituto Argentina Grande, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), estima que la implementación del FAL implicará para la ANSES un costo aproximado de 2.600 millones de dólares anuales. Se trata de una cifra de una dimensión difícil de soslayar en un contexto de restricción fiscal extrema.
El gobierno ha sostenido un discurso de austeridad presuntamente inflexible, que sin embargo parece volverse flexible cuando el beneficio recae sobre el sector empresario. El gobierno ha sostenido un discurso de austeridad presuntamente inflexible, que sin embargo parece volverse flexible cuando el beneficio recae sobre el sector empresario.
El gobierno de Javier Milei ha sostenido un discurso de austeridad presuntamente inflexible, negándose a ampliar partidas para sectores estratégicos como el sistema científico, el Hospital Garrahan o incluso para mejorar los haberes jubilatorios en montos sensiblemente inferiores a los que ahora el sistema previsional debería resignar para sostener el nuevo fondo. Pero la austeridad fiscal parece volverse flexible cuando el beneficio recae sobre el sector empresario.
Otro informe, en este caso del Observatorio del Control Público, perteneciente a la Fundación Éforo, proyecta que la reforma implicaría una pérdida anual de aproximadamente 4.000 millones de dólares en aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Esta caída inmediata no solo agravaría el déficit fiscal, sino que impactaría de manera directa en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), con una afectación estimada de entre el 4% y el 5% de sus recursos totales.
El dato más alarmante del análisis de los expertos no es, sin embargo, el número en sí mismo, sino la dinámica que podría desencadenarse. El informe advierte sobre el riesgo de un incremento de la informalidad laboral de hasta cuatro puntos porcentuales. En una economía con elevados niveles de empleo no registrado, cada punto adicional erosiona de manera directa la base contributiva del sistema previsional. El efecto dominó incluye menos aportes formales, menor recaudación, mayor presión sobre el FGS y más tensión sobre las cuentas públicas. Y por cada punto de aumento en el empleo no registrado, el agujero fiscal se amplifica de manera exponencial.
El desfinanciamiento del sistema previsional deberá corregirse con rapidez y seriedad técnica. De lo contrario, el riesgo de un colapso de consecuencias muy graves no se limitará al universo de jubilados y pensionados sino a toda la estructura económica del país.