La inminente reactivación del yacimiento Bajo La Alumbrera hizo recrudecer una contradicción con la que el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, carga desde que asumió allá por 2019: llegó al comando del municipio montado en una fuerte prédica antiminera, de la que abjura para administrar sin culpas los recursos provenientes de la minería que ingresan en las arcas municipales.
Esto no le impide retomar los ropajes ambientalistas para ocasiones que considera apropiadas a tal rol, como la de apelar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sentencia que declaró inconstitucional una ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto en su distrito.
Tantos vaivenes proyectan la imagen de una gestión municipal esquizofrénica, que condena por sus efectos en el medio ambiente la misma actividad de la que pretende beneficiarse.
Lo ocurrido en la presentación del informe de Impacto Ambiental de Explotación que la empresa MARA realizó ante las autoridades andalgalenses junto al Ministerio de Minería es un claro ejemplo de esta ambivalencia.
El intendente de Andalgalá exige el 100% de los puestos laborales en la reactivación del yacimiento Bajo La Alumbrera El intendente de Andalgalá exige el 100% de los puestos laborales en la reactivación del yacimiento Bajo La Alumbrera
Al concluir la reunión, Córdoba informó a la prensa que el municipio había señalado varias objeciones sobre perjuicios ambientales que provocaría la reactivación del yacimiento, que MARA debía resolver para aprobar el informe. Dicho esto, enfatizó que el 100% de los puestos laborales en la nueva etapa de la explotación debían ser asignados a andalgalenses, superando las exigencias del Concejo Deliberante.
Por supuesto, el control ambiental sobre la minería debe ser riguroso en extremo, pero el asunto es otro. ¿Por qué introducir la exigencia del 100% de los puestos para los andalgalenses en esta etapa?
Es demagogia para quedar bien con quienes aspiran a trabajar con la minera y atribuirse eventualmente el rédito político si ingresan ¿Sería más flexible el celo ambiental del intendente si la minera le da todos los puestos de trabajo? Es una pregunta que cualquiera tiene derecho a hacerse.
Si el intendente realmente cree que la minería es inviable ambientalmente, exigir el 100% de los empleos es una irresponsabilidad, ya que estaría exponiendo a los andalgalenses a un riesgo que él mismo denuncia. Si, por el contrario, cree que el riesgo es administrable, su reticencia a colaborar en un marco de convivencia productiva obstaculiza el desarrollo de proveedores locales que podrían crecer más allá de un simple puesto de trabajo operativo.
Córdoba sostuvo que durante años Andalgalá compartió los efectos de la actividad minera sin ver un derrame económico real en empleo local. La afirmación es por lo menos inexacta.
Andalgalá fue el municipio que más se benefició con las regalías de Bajo La Alumbrera. La ley de distribución secundaria de las regalías mineras repartió el 35% de lo que pagaba en este concepto Minera Alumbrera entre los departamentos Andalgalá y Belén, pero la mayor tajada se la llevó la ciudad de Andalgalá porque sólo debía compartir los dividendos con un municipio –Aconquija- mientras que Belén tenía que hacerlo con la miríada de comunas que hay en el distrito.
No es que no hubo derrame económico para Andalgalá. Lo que ocurrió es que las administraciones municipales lo dilapidaron en demagogia y corruptelas nunca aclaradas del todo. No se recuerda que Córdoba haya pedido explicaciones a alguno de sus antecesores por estas maniobras perpetradas en perjuicio del desarrollo andalgalense.