sábado, 14 de febrero de 2026 09:55
El Gobierno nacional avanzará en el envío al Congreso de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de modificar el régimen actual y encauzar el conflicto abierto con las universidades públicas.
La iniciativa, promovida por la administración del presidente Javier Milei, podría incorporarse al temario de las sesiones extraordinarias mediante un decreto que sería publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. En la misma norma se extendería el período legislativo hasta el 28 de febrero.
La decisión se produce luego de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la ley vigente, sancionada en 2024 y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial. Esa norma establece la actualización salarial docente y la recomposición de partidas presupuestarias para las universidades nacionales.
En paralelo, funcionarios del Gobierno iniciaron conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional para consensuar los lineamientos de una nueva propuesta. Según trascendió, el proyecto no buscaría derogar completamente el esquema actual, sino introducir modificaciones que permitan mayor previsibilidad fiscal y seguridad jurídica.
El oficialismo considera clave alcanzar acuerdos políticos que garanticen la aprobación parlamentaria y eviten nuevos frentes judiciales. En ese marco, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades universitarias para evaluar la viabilidad técnica y fiscal del texto.
El movimiento del Ejecutivo se da tras recientes avances legislativos, entre ellos la aprobación de la reforma laboral y la media sanción de la ley penal juvenil. Ahora, el Gobierno busca encarar la discusión presupuestaria universitaria como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento fiscal y negociación política.
La definición sobre el nuevo proyecto marcará un punto clave en la relación entre la Casa Rosada y el sistema universitario público, en un contexto de tensión por el financiamiento y el alcance de la autonomía institucional.