Sin contratiempos a la vista, aunque con un texto sometido a los vaivenes y tironeos de presiones políticas, económicas y sectoriales, el oficialismo libertario se encaminaba esta noche a conseguir la aprobación de la reforma laboral en el Senado como corolario de un extenso debate en el que casi no hubo lugar para los grises, que dividió al recinto de la Cámara alta entre los que apoyan las modificaciones al marco normativo impulsado por el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo, que las rechaza.
La última novedad, confirmada por la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich (Capital), es el triunfo definitivo de los gremios, que mantendrán la facultad de cobrar de manera compulsiva los “aportes solidarios” a los trabajadores por representarlos en las negociaciones colectivas.
Sólo se le impondrá un tope del 2% a esos aportes. Como contrapartida, se tomó la misma decisión para los aportes que cobran las cámaras empresarias. Seguirán siendo obligatorios, pero limitados -como hasta ahora- al 0,5% mensual.
La votación en general se espera para después de la medianoche; y la aprobación definitiva, con los cambios que se le introducirán al proyecto en el recinto, para bien avanzada la madrugada.
Esto es así por la estrategia adoptada por el bloque Justicialista que, ante la inminencia de una nueva derrota legislativa a manos de un oficialismo en minoría, adoptó como último recurso extender lo máximo posible el debate, anotándose 19 de los 21 senadores kirchneristas en la lista de oradores.
Fuentes del gobierno aseguraron esta noche a LA NACION que reunirán el apoyo de más de 40 senadores para darle media sanción a la reforma laboral. En la Cámara alta se los pudo ver esta noche, tras una extensa jornada de negociaciones, al ministro del Interior, Diego Santilli; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y a Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Casa Rosada.
El texto que finalmente saldrá del Senado en revisión con destino a la Cámara de Diputados es, todavía, un albur. Lo único concreto es que se respetará la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, reclamada por los gobernadores provinciales y que terminó por darle a la jefa de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), los votos que necesitaba para darle luz verde a la reforma laboral en el Senado.
Mientras tanto, el frenesí de las negociaciones siguió durante toda la jornada. Mientras se agotaba la lista de 43 senadores que participaron del debate en general, en el despacho de la jefa del bloque oficialista del Senado se seguían discutiendo modificaciones con funcionarios del Poder Ejecutivo como Santilli.
Incluso los cambios anunciados por Bullrich en la tarde del martes como resultado de las extensas negociaciones que mantuvo durante las últimas tres semanas con los representantes de la oposición dialoguista, fueron puestos en duda durante la jornada.
También hubo fuerte presión a favor de que las billeteras virtuales puedan ser usadas para el pago de los salarios, tal como establecía la versión original del proyecto enviado por el Gobierno al Congreso y que tiene en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a su principal impulsor.
El Pro reclamará que se les permita a las billeteras virtuales participar en el negocio. Pero Bullrich dijo que el pedido no se incorporará al proyecto, sino que se resolvería mediante una reglamentación del BCRA que establezca condiciones similares a las que cumplen los bancos para poder pagar salarios.
Uno de los “nuevos” cambios que se incorporarían al proyecto en el recinto sería la aprobación del convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño. La idea que manejaba Bullrich es incluir la ratificación parlamentaria del acuerdo como un artículo más de la reforma laboral.
La medida es resistida por los magistrados, que se niegan a perder su condición de jueces nacionales y promete convertirse en polémica.
Fuentes legislativas alertaban que no puede tratarse el tema, ya que el proyecto de ley de ratificación del acuerdo que envió el Gobierno al Senado ingresó como un expediente aparte que, además, no se encuentra habilitado para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
El debate dividió desde el inicio al recinto en dos posiciones encontradas. De un lado, el oficialismo libertario y la oposición dialoguista, integrada por la UCR, el Pro y fuerzas provinciales, que apoyaron la necesidad de “modernizar” las relaciones laborales. Del otro, las diferentes variantes del peronismo, con el kirchnerismo a la cabeza, que rechaza la iniciativa por considerar que desprotegerá a los trabajadores, conculcándole derechos.
“Estamos votando una ley trascendente para adecuar normas laborales, equilibrar un sistema desequilibrado y trabajar en torno a problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la extrema judicialización del sistema”, afirmó Bullrich en el inicio del debate, antes de asegurar que ésta era “la primera reforma laboral de los últimos cincuenta años”.
La respuesta a la exministra no tardó en llegar. La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), calificó de “desfachatez” las palabras de la exministra de Seguridad y le recordó que se aprobó una en 2001 “cuando ella ministra de Trabajo” del gobierno de la Alianza.
“Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT; lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores. Se han arrodillado ante todos los que decían que venían a combatir”, agregó Fernández Sagasti en dirección al oficialismo.
El radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) marcó el pulso del centenario partido, al manifestar su apoyo a la iniciativa, aunque con algunas reservas en cuanto a temas puntuales.
“Creo que esta ley es necesaria y que es un paso importante para alentar el contrato formal, para incentivar la inversión y potenciar la competitividad”, aseguró Abad, quien planteó la necesidad de aplicar mejoras en los beneficios fiscales contemplados en el régimen de incentivo de inversiones para pequeñas y medianas empresas.
La postura del kirchnerismo también generó reacción en el recinto. El libertario Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) acusó al “fascismo peronista” por la situación crítica en la que asumió Javier Milei el Gobierno.
La radical Silvana Schneider (Chaco), en tanto, acusó a los seguidores de la expresidenta presa por corrupción de haber impulsado “un modelo que castiga al mque quiere producir, que desalienta al que quiere invertir, que deja afuera, pero se presenta como protector”.
También hubo lugar para las críticas internas dentro del peronismo. Lo hizo la jujeña peronista Carolina Moisés, que dijo que el proyecto oficial “no viene a mejorar nada en las relaciones laborales, pero que cuestionó a su partido porque “no presentó una propuesta superadora” en el debate, un dardo directo a la postura intransigente adoptada por el kirchnerismo.