La investigación que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un paso clave en los tribunales de la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El juez Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante en la causa que analiza una presunta maniobra de retención de impuestos y aportes que no fueron depositados en el fisco.
El organismo fue admitido como parte al ser considerado víctima directa del perjuicio fiscal. Desde ese momento, el expediente cuenta con un acusador privado con capacidad para impulsar medidas de prueba y recurrir decisiones contra la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia.
Cómo se inició la causa
La investigación se originó en una denuncia presentada por ARCA el 12 de diciembre. Allí sostuvo que la AFA retenía fondos de los clubes y de los empleados, pero no los transfería al Estado dentro del plazo legal de 30 días que fija la normativa tributaria. El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la apertura formal del expediente e imputó a la cúpula de la entidad por el delito de evasión agravada. Ante la gravedad de los hechos, Amarante resolvió habilitar la feria judicial de enero. Según la presentación firmada por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal asciende a casi $19.400 millones de pesos.
Los montos bajo la lupa
El organismo detectó irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Solo en concepto de retenciones de Ganancias no ingresadas, la deuda supera los $8.000 millones. Por aportes a la Seguridad Social, la cifra trepa a más de $8.600 millones.
«La Asociación del Fútbol Argentino conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito, optando sin embargo por omitirlo», sostuvo ARCA. Para el fisco, se trata de una «indebida apropiación de caudales públicos», ya que esos fondos «no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención».
Dirigentes imputados
En el expediente figuran imputados Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. El delito investigado prevé severas penas de prisión. Navas Rial solicitó medidas para reconstruir la «ruta del dinero». Amarante ordenó oficios al Banco Central (BCRA) y a las entidades bancarias que operan con la AFA para verificar movimientos financieros y plazos de pago.
Investigación en feria
Además de habilitar la feria judicial, el juez requirió información a la DGI, a ARCA y a otros organismos públicos. Algunos de esos pedidos ya comenzaron a ser respondidos. La defensa de la AFA, a cargo del abogado Norberto Frontini, se presentó en la causa para asumir la representación de la entidad y de su presidente, aunque por el momento no formuló descargos de fondo ni solicitó nuevas medidas.