jueves, 15 de enero de 2026 21:55
El Gobierno nacional formalizó este jueves el ingreso al Congreso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La norma fue girada a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que ahora dispone de diez días hábiles para emitir un dictamen sobre su validez.
El envío se concretó al límite de los plazos reglamentarios y abrió una nueva etapa de tensión política, ya que distintos sectores de la oposición comenzaron a articular una estrategia para intentar rechazar el decreto en ambas cámaras. Para que un DNU quede sin efecto, la Constitución exige que sea rechazado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.
En Diputados, el bloque de Unión por la Patria, que reúne 93 legisladores, encabeza la ofensiva opositora y mantiene conversaciones con el Frente de Izquierda, el interbloque Unidos —que incluye a Provincias Unidas y la Coalición Cívica— y otros monobloques y espacios federales. De prosperar esas negociaciones, la oposición podría alcanzar el quórum necesario para abrir una sesión especial y, luego, reunir los votos para avanzar con el rechazo.
En el Senado, el jefe del bloque peronista, José Mayans, también trabaja para conformar una mayoría de 37 votos, sumando a sectores de la UCR, Provincias Unidas y senadores provinciales que aún no definieron su postura. El objetivo es replicar en la Cámara alta una mayoría suficiente para bloquear definitivamente la norma.
Mientras tanto, la Comisión Bicameral, integrada por 16 miembros, deberá ser formalmente constituida en los próximos días y definir su nueva presidencia, que por rotación anual debería quedar en manos de un senador. Si la comisión no se pronuncia dentro del plazo legal, el decreto podrá ser tratado directamente en los recintos.
El DNU 941/2025 establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su “sensibilidad” y amplía el concepto de contrainteligencia para incluir la prevención de infiltraciones, espionaje, sabotaje e injerencias externas que puedan afectar el proceso decisorio del sistema republicano. Desde la SIDE, a cargo de Cristian Auguadra, defendieron la medida al sostener que fortalece los controles estatales y adecua el sistema de inteligencia a las amenazas contemporáneas.
Con el decreto ya en el Congreso y las negociaciones en marcha, el futuro de la reforma de inteligencia quedará ahora en manos del Parlamento, en un debate que promete ser uno de los más intensos del verano legislativo.