Inteligencia: el Gobierno prepara un protocolo para los agentes habilitados a aprehender personas

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viernes, 2 de enero de 2026 22:40

El Gobierno nacional inició el año 2026 con la puesta en marcha del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941, una norma que redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que, entre otros puntos, habilita a sus agentes a aprehender personas en situaciones de flagrancia. En ese marco, el Poder Ejecutivo avanza en la elaboración de un protocolo específico para regular este tipo de procedimientos.

Mientras desde sectores de la oposición advierten sobre la conformación de un “Estado policial” y denuncian posibles prácticas de persecución, el Gobierno trabaja en la reglamentación de las nuevas facultades otorgadas a los agentes de inteligencia. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el protocolo buscará establecer con precisión bajo qué circunstancias concretas los agentes estarán habilitados para aprehender personas y qué personal podrá intervenir en esas tareas.

El DNU 941 autoriza a los agentes de la SIDE a detener personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.

El objetivo del protocolo es delimitar el alcance de estas atribuciones, fijar criterios claros de actuación y evitar posibles excesos en la aplicación de la norma. Además, se prevé que el documento especifique qué áreas y agentes estarán habilitados para realizar este tipo de intervenciones.

El decreto también introduce cambios en el sistema de control interno del organismo. Las actividades de la SIDE, que se encuentra bajo la órbita política del asesor presidencial Santiago Caputo, pasarán a ser supervisadas por la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), en reemplazo de la División de Asuntos Internos.

La implementación del protocolo se da en un contexto de fuerte debate político y jurídico, con cuestionamientos sobre el alcance de las nuevas facultades y su compatibilidad con las garantías constitucionales.

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