jueves, 1 de enero de 2026 08:45
El fútbol argentino enfrenta una de sus crisis institucionales y judiciales más profundas de la última década. Lo que comenzó como una investigación tangencial sobre una financiera de pago (Fintech), ha derivado en un «terremoto» que alcanza a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La justicia sospecha de la existencia de un circuito financiero paralelo que habría movilizado cerca de 300 millones de dólares provenientes de los activos más valiosos de la entidad: la Selección Nacional.
El eje de la sospecha es la empresa TourProdEnter LLC, constituida en el estado de Florida, EE. UU., en agosto de 2021, apenas un mes después de que Argentina cortara la racha de 28 años sin títulos en la Copa América. Esta firma, vinculada estrechamente al empresario y dirigente Javier Faroni, fue designada de manera directa como el agente comercial exclusivo de la AFA para negocios internacionales.
Gracias a una autorización judicial sin precedentes en Estados Unidos, los investigadores argentinos lograron acceder a los movimientos bancarios de esta sociedad en territorio norteamericano. Los registros exponen el flujo de fondos generados por:
Sponsoreo internacional de marcas globales.
Derechos de transmisión televisiva fuera de Argentina.
Partidos amistosos de la Scaloneta en el exterior.
Este martes pasado, por orden del Juzgado Federal, se realizaron allanamientos simultáneos en la sede de la AFA en la calle Viamonte, en el Predio de Ezeiza y en el domicilio particular de Faroni. Allí se incautó el documento que los fiscales buscaban con urgencia: el contrato original de exclusividad.
Dicho documento confirma que la firma de Faroni retiene un 30% de toda la recaudación bruta generada por la Selección fuera del país. Para los investigadores, este porcentaje resulta «inusual» y «excesivo» para un agente comercial, sugiriendo que la empresa podría estar funcionando como una estructura de interposición para el presunto lavado de activos o el desvío de fondos que deberían ingresar a las arcas del fútbol argentino.
Ante la gravedad de los hallazgos y la difusión de la información, la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia rompió el silencio con un comunicado combativo. En el mismo, la AFA no solo defiende el contrato, sino que contraataca denunciando un intento de «desestabilización institucional».
La defensa se basa en la comparación histórica. Según el escrito, antes de la gestión actual, la AFA recibía migajas por sus derechos:
Gestiones pasadas: Aseguran que intermediarios como ISL o Santa Mónica retenían hasta el 55% y 70% de los ingresos.
El caso Tofoni: El comunicado arremete contra el empresario Guillermo Tofoni (hoy enfrentado judicialmente con Tapia), sosteniendo que en acuerdos previos la AFA solo recibía una suma fija de un millón de dólares por amistoso, mientras los asociados se llevaban el 65% del excedente.
La mejora actual: Para la conducción actual, haber pasado de recibir el 30% a recibir el 70% de la torta publicitaria es un éxito de gestión que los detractores «no perdonan».
Más allá de la discusión comercial, la causa penal avanza sobre el presunto lavado. El expediente analiza el vínculo de la AFA con Sur Finanzas PSP S.A., una operadora de pagos bajo sospecha de mover dinero de origen ilícito. El fiscal de la causa ha ampliado la investigación para incluir no solo a Javier Faroni, sino también a su esposa y otros administradores. El dictamen fiscal advierte sobre «perfiles económicos incompatibles»: personas que figuran manejando millones de dólares en cuentas internacionales pero cuyos ingresos declarados y estilo de vida en Argentina no tienen relación con semejante volumen de capital. Esto refuerza la hipótesis de la justicia sobre el uso de prestanombres para ocultar a los verdaderos beneficiarios del negocio de la Selección.
Mientras la justicia procesa la información obtenida de las computadoras y documentos secuestrados en Ezeiza, el clima en el fútbol argentino es de máxima tensión. La sociedad TourProdEnter LLC sigue siendo el epicentro de un escándalo que promete nuevas revelaciones a medida que los peritos contables desglosen la ruta de los 300 millones de dólares que «viajaron» por fuera del control institucional.