miércoles, 31 de diciembre de 2025 15:30
El Gobierno de Bolivia anunció el retorno al régimen de precios variables de los combustibles, una política que no se aplicaba desde hace 28 años y que marca un giro estructural en la gestión del sector energético. La decisión se da en un contexto de caída de los ingresos por exportaciones de gas natural y un fuerte aumento de las importaciones de diésel.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, donde explicó los alcances del Título VI del Decreto Supremo 5503, referido a la “Estabilización de precios, combustibles y energía”.
Según el funcionario, la medida apunta a asegurar el abastecimiento interno, reducir las filas en estaciones de servicio, preservar la estabilidad macroeconómica y ordenar el consumo. Medinaceli aclaró que el nuevo esquema incorpora una metodología técnica para la formación de precios, con referencias de mercado y márgenes definidos, y no se trata únicamente de un ajuste impositivo.
El decreto también introduce cambios en la relación contractual entre la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los productores, y tendrá un impacto positivo en la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que permitirá mayores transferencias a gobernaciones, municipios y universidades públicas.
El ministro justificó la decisión al señalar que el esquema de precios congelados se volvió insostenible. “La caída de los precios y de las exportaciones de gas hizo inviable el sistema de subsidios, mientras las importaciones de diésel crecían de forma acelerada”, advirtió.
De acuerdo con datos oficiales, desde la entrada en vigor del Decreto Supremo 5503 el consumo de diésel se redujo cerca de un 50%, con una estimación de estabilización de entre el 30% y el 40%. Medinaceli explicó que esta baja responde al fin de una demanda distorsionada por años de subsidios y desvíos ilegales, principalmente vinculados al contrabando hacia países vecinos.
El funcionario recordó que antes de la medida eran habituales las largas filas de camiones y autobuses que cargaban combustible para su posterior traslado ilegal al exterior, una práctica que, según afirmó, generaba ganancias de entre 2 y 3 millones de dólares diarios para redes de contrabandistas.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo central del decreto es “quitarles el negocio” a esas organizaciones, fortalecer el control sobre la distribución de combustibles y poner fin a un esquema de evasión y corrupción que afectaba al mercado interno.