martes, 30 de diciembre de 2025 15:05
La Justicia concedió al Gobierno nacional el recurso de apelación contra el fallo que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes, lo que permite que la medida continúe vigente hasta que la cuestión sea resuelta de manera definitiva por tribunales superiores.
La decisión judicial deja sin efecto, de manera provisoria, el impacto del fallo dictado el pasado 29 de diciembre por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Tras conocerse la novedad, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró la resolución en sus redes sociales. “Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia”, expresó en su cuenta de X.
El fallo original había declarado la nulidad de la Resolución 943/2023, impulsada durante la gestión de Bullrich y sostenida por la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En su argumentación, el juez Cormick sostuvo que el Ministerio de Seguridad carece de facultades para restringir derechos constitucionales mediante una resolución administrativa.
En la sentencia, el magistrado consideró que la ilegitimidad del acto se configuraba “de manera manifiesta” y citó los artículos 1 de la ley 16.986 y 7 de la ley 19.549. Además, cuestionó que la resolución modificara de forma indirecta leyes penales, orgánicas de las fuerzas de seguridad y normas procesales, excediendo las competencias del Poder Ejecutivo. También dejó abierta la posibilidad de que las personas que se consideren afectadas por la aplicación del protocolo realicen denuncias penales individuales.
El CELS había celebrado el fallo inicial y remarcó que la resolución judicial establecía límites claros a la actuación del Ministerio de Seguridad, al sostener que no puede restringir derechos constitucionales ni legislar a través de resoluciones administrativas.
No obstante, con la concesión del recurso de apelación, el protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación seguirá aplicándose hasta que la Justicia se pronuncie en forma definitiva sobre su validez. El Gobierno nacional ya había anticipado que apelaría la decisión y ratificó su postura de que la medida es necesaria para garantizar la libre circulación y el orden público.