martes, 9 de diciembre de 2025 20:20
El Tribunal Oral Federal Número 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, retomó este martes la lectura del requerimiento de elevación a juicio en el expediente derivado de los escritos del chofer Oscar Centeno, en el marco de la causa Cuadernos.
En la octava audiencia, se escuchó la primera parte de la acusación correspondiente al tramo conocido como “La Camarita”, donde —según la investigación— se habría montado un circuito de recaudación de más de 30 millones de dólares a través de la presunta cartelización de la obra pública vial.
Durante la jornada, el TOF 7 dio lectura a las primeras 110 fojas de la imputación, en las cuales se atribuyen 191 hechos de recepción de coimas a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su ex secretario de Obras Públicas José López, quienes habrían recibido los sobornos a través del financista Ernesto Clarens, según indicaron fuentes judiciales.
El desprendimiento del expediente conocido como “La Camarita” refiere a su conexión con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV) y analiza un entramado que, de acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli, involucraba acuerdos entre compañías para repartirse licitaciones, definir sobreprecios y devolver retornos ilegales.
Confesiones clave
La audiencia, que se extendió por casi cuatro horas, también incluyó la lectura de fragmentos de las declaraciones como arrepentidos del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y del financista Ernesto Clarens, ambos considerados fundamentales para reconstruir el funcionamiento del sistema.
Wagner describió que el esquema se sostenía mediante adelantos financieros y certificados de obra. Según su testimonio, las empresas que recibían un adelanto del 10% del valor de la obra debían devolver un 5% en sobornos; en los casos sin anticipo, el retorno bajaba al 3%.
El empresario explicó que, tras realizar el cálculo, enviaba la cifra a José López, quien la derivaba a funcionarios de Vialidad Nacional para que las obras fueran incluidas en los listados mensuales de certificados a liberar. Para la fiscalía, este mecanismo apuntaba a financiar gastos políticos mediante el direccionamiento de contratos.
Por su parte, Clarens admitió haber sido el receptor exclusivo de los pagos provenientes de las empresas viales. Declaró que las entregas rondaban los 300.000 dólares y se realizaban semanalmente. Aseguró que la denominada “Camarita”, integrada por un grupo selecto de empresarios, elaboraba listados mensuales con datos detallados de cada obra —licitación, presupuesto, adjudicataria, monto ofertado y sobreprecio— que luego se usaban para confeccionar un “ranking” que determinaba el reparto de contratos.
Licitaciones acordadas
El tribunal también leyó un pasaje donde Wagner explicó que las empresas se reunían para definir por adelantado quién ganaría cada licitación, dejando de lado los procedimientos administrativos formales. Esto, según la acusación, garantizaba un reparto ordenado de obras, siempre con el compromiso de pagar los retornos acordados.
El requerimiento fiscal señala que los pagos tenían como objetivo que los presuntos integrantes de la asociación ilícita “hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones” en beneficio de las empresas involucradas.
El debate continuará el próximo jueves por la mañana, cuando se reanude la lectura de la prueba incorporada al expediente, junto con los descargos de los imputados.