El abogado querellante, Sebastián Ibáñez, dijo que el presunto abuso sexual que sufrió su asistida por parte del exintendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, generó un “trastorno mental” en la salud de ella. Así lo detalló en una entrevista que brindó ayer a El Ancasti. De acuerdo con lo que relató el letrado, hay un certificado médico que acredita esta cuestión.
En la oportunidad, Ibáñez se refirió a las medidas que tiene previsto tomar la querella en el marco de esta causa, que está siendo investigada por la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino. “Vamos a solicitar la imputación e indagatoria de Aybar por el abuso sexual en contra de esta víctima, que sería un abuso sexual con acceso carnal agravado por la producción de grave daño en la salud mental de la víctima. Vamos a presentar el certificado médico que diagnostica el trastorno mental que generó este abuso en la víctima”, aseguró el abogado.
Además, destacó que “la primera víctima es testigo indirecta también de este otro hecho porque Aybar, mientras la estaba abusando a ella le decía que también la abusa a esta otra chica (es decir, a la segunda denunciante). Él se lo dijo a la primera víctima”.
En mayo de este año, una mujer denunció penalmente a Aybar por un hecho de violencia sexual. La denuncia se radicó en la Fiscalía General y fue remitida a la Fiscalía especializada de Antonino. Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió en junio de 2013, cuando el entonces intendente de Corral Quemado, Belén, la habría llevado mediante engaños al motel «El Edén», ubicado en la localidad de Sumalao, Valle Viejo. Hasta el momento, Aybar no ha sido formalmente imputado.
El modus operandi descripto en la denuncia presenta similitudes con el caso por el cual Aybar fue condenado en septiembre de 2020. En aquella oportunidad, la presunta víctima, una adolescente de 15 años, relató que el jefe comunal Aybar la trasladó al mismo motel con la promesa de gestionar una beca de estudios. Ese hecho ocurrió el 24 de abril de 2013, menos de tres meses antes del nuevo caso denunciado, en mayo último.
Ante la nueva denuncia, la querella insiste en que el delito no ha prescripto. A la vez, solicita que se impute a Aybar y se lo cite a prestar declaración indagatoria. En este contexto, la querella argumenta que el artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe cuando el imputado es condenado por un nuevo delito mediante sentencia judicial firme. En este caso, la condena de 2020 por el abuso a la adolescente de 15 años habría interrumpido el cómputo de la prescripción del hecho denunciado recientemente, ocurrido en junio de 2013. Dadas las circunstancias, el plazo comenzaría a contarse nuevamente desde cero a partir de esa sentencia condenatoria.
El exintendente Aybar se encuentra actualmente cumpliendo la condena de seis años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial de Capayán. En agosto de 2020, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación lo declaró culpable por el delito de «abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda» y se lo condenó a la pena de seis años de prisión. La sentencia quedó firme en mayo de 2021, momento en el cual comenzó a purgar la pena.
ASI
El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más extrema que niños, niñas y adolescentes pueden sufrir.
No obstante, el dato más importante que advierten los profesionales en esta temática es que en la gran mayoría de los casos se trata de abusos sexuales intrafamiliares: padre, abuelo, hermano, tío o primo son los principales sospechosos.
El victimario realiza un abuso de poder. A través de diversos mecanismos de manipulación y amenaza, quien abusa genera en la víctima un sentimiento de culpa y vergüenza.