jueves, 9 de octubre de 2025 01:53
El juicio a la supuesta banda integrada por internos, familiares y guardiacárceles que se dedicaba a introducir droga en el Penal de Miraflores para comercializarla en la población carcelaria, entró en su recta final.
Durante la audiencia de ayer, en el recinto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, el tribunal presidido por el juez federal Enrique Lilljedalh escuchó a los testigos convocados por las partes. Se trata del personal de gendarmería nacional, quienes en el año 2022 estaban a cargo de las escuchas telefónicas y las desgravaciones de las mismas.
Según lo indicado por los testigos, uno de ellos de apellido Lencina, manifestó que de las llamadas que a él le tocó escuchar se desprende claramente el rol que habrían desempeñado los imputados Jacobo Jiménez (a) “Niño J”; su padre -quien vivía en Tucumán y sería el proveedor de la droga-; Cristian Barros -hermano de Kevin Barros, penado del Servicio Penitenciario Provincial-; Dayana Romero, el remisero Brandan y Sergio Apud.
A las preguntas de la fiscalía el testigo respondió que en una de las comunicaciones se escuchó a Jacobo decirle a su padre que Barros y Romero viajaban a Tucumán a buscar la droga en una cantidad de medio kilo.
En cuanto al imputado Brandan, quien era el chofer del vehículo de alquiler en el que Barros y Romero fueron a buscar la droga, otro testigo también gendarme que declaró vía online y refirió que tras ser interceptado el vehículo cuando regresaba de Tucumán en el puesto caminero, el acusado actuó “astutamente” ya que entregó al personal el teléfono celular que utilizaba para los viajes, no el personal.
“Como de las escuchas surgía lo del viaje de Barros y Romero, al momento del procedimiento los investigadores no arrestaron al conductor del vehículo y previo a secuestrarle el teléfono celular lo dejaron continuar el viaje. Pero a los pocos metros Brandan usó su teléfono y se comunicó con Jacobo y le dijo: ‘Che b… perdieron’” ratificÓ el testigo.
Si bien durante la audiencia se escuchó el relato del trabajo de los gendarmes y de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, el que permitió a través de las escuchas telefónicas ubicar -según el relato de la fiscalía – a los internos y sus familiares en el rol de la supuesta banda.
Sin embargo, y pese a las escuchas telefónicas en las que se llegó a decir por parte de los acusados cómo debían ingresar la droga a la cárcel y qué día, teniendo en cuenta el personal que estaría en la guardia, los testigos no pudieron responder las preguntas de las defensas, en qué supuestamente ingresaron la droga, ya que no se secuestró ningún elemento.
Concluida la ronda de testigos citados para la tercera audiencia, el presidente del tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a partir de las 9 de la mañana para dar continuidad al juicio con la declaración de los últimos testigos, ingresando así el debate a su recta final.
Cabe recordar que los acusados son los internos Jacobo Eliseo Jiménez y su padre Mario Roque Jiménez, junto con Cristian Miqueas Barros, Kevin Emanuel Barros, Dayana Romero, el taxista Ariel Magno Brandan, y los guardias cárceles Lucas Brandan y Jorge Raúl Valdez.
La tarea investigativa mediante la que se da con la banda inició en 2021, luego de tareas realizadas por el personal de Inteligencia de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca, en forma conjunta con el personal de la Unidad de Investigaciones Judiciales y Delitos Complejos de Gendarmería Nacional Núcleo Catamarca.
La causa inició con información de carácter reservado, que daba cuenta de que una pareja ingería cápsulas con sustancias, trasladándolas desde Tucumán a Catamarca y una vez aquí en la provincia, expulsaban las mismas para que un interno del Servicio Penitenciario Provincial con beneficio de salida (“Jota”) ingiriera estas cápsulas para luego introducirlas al penal y concretar la supuesta comercialización.
Teniendo en cuenta esto, bajo las directivas del Juzgado Federal de Catamarca, la Dirección de Drogas Peligrosas, a cargo del comisario general Juan Ramos, y la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales del GNA, se realizó una investigación que duró varios meses, hasta que en agosto de 2022 se confirmó que se concretaría el traslado de sustancia a la institución carcelaria.
Aquel primer día de agosto se detuvo a una pareja en un operativo realizado en el Puesto Caminero de El Portezuelo, donde se logró secuestrar un profiláctico que contenía en su interior 11 envoltorios de nailon tipo cápsulas con sustancia herbácea, los cuales acusaron un peso de 91 gramos y arrojaron un resultado positivo para marihuana, además de $ 78.000 de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, dos envoltorios de marihuana, 56 pastillas con la inscripción ALP, dos balanzas digitales tipo gramera, un envoltorio de nailon con marihuana) y sustancia vegetal (plantines de cannabis sativa).
Luego de este operativo en la Ruta Nacional 38 y tras realizar las tareas de identificación correspondiente y secuestro de elementos, se procedió a trasladarlos al Hospital Interzonal San Juan Bautista para una atención médica adecuada, ya que los investigadores sospechaban que estas personas trasladaban en sus organismos la sustancia prohibida, lo que luego de estudios médicos, se determinó, era cierto.
A través de tratamientos médicos correspondientes, el masculino expulsó 51 envoltorios de nailon, cubiertos individualmente por una capa de látex de color blanco, quedando así en forma de cápsulas y acusando un peso total de 486 gramos de una sustancia herbácea compactada, la cual, al realizarle la prueba de campo orientativa, arrojó como resultado positivo para marihuana.
A su turno, la mujer expulsó 15 envoltorios de un peso total de 113 gramos de la misma droga.
Una vez finalizado el tratamiento de evacuación de las cápsulas y preservando la integridad física de los detenidos, se procedió al traslado a su lugar de detención correspondiente a cargo de la Justicia interviniente.