La Comisión Bicameral aprobó el reglamento que regirá el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, tras un intenso debate en el que la Unión Cívica Radical (UCR) logró introducir modificaciones al texto original.
Según los legisladores radicales, la propuesta inicial “pretendía concentrar facultades, crear una estructura sobredimensionada y reducir los mecanismos de control”. En respuesta, promovieron cambios que incorporan medidas de transparencia, control y participación ciudadana en el organismo que conduce Dalmacio Mera.
Entre las principales modificaciones se destacan la obligatoriedad de audiencias públicas para garantizar la voz de la ciudadanía en temas sensibles como servicios públicos, educación, salud, ambiente y minería. También se resolvió reducir la estructura orgánica a la mitad, con el objetivo de evitar que la Defensoría se transforme en un “ministerio paralelo”.
El reglamento establece además la presentación de informes periódicos con indicadores de desempeño, que permitirán evaluar la atención de reclamos, los derechos vulnerados, el cumplimiento de recomendaciones y el nivel de respuesta de los organismos.
Otra innovación es la fijación de límites a la discrecionalidad, se implementarán concursos de ingreso, un manual de procedimientos, reglas claras para la administración de fondos externos y topes a las remuneraciones.