La reciente reforma constitucional en Santa Fe introdujo una novedad que merece ser subrayada: en su artículo 27 establece que “la ciencia, la tecnología y la innovación son un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta fundamental para el desarrollo socioproductivo, sustentable e inclusivo”. Es decir, la incorporación de la ciencia y la tecnología con rango constitucional.
En un país donde los vaivenes económicos suelen traducirse en recortes presupuestarios, este blindaje institucional constituye un avance significativo. De ahora en adelante, en esa provincia, la investigación y el desarrollo no deberían depender únicamente de la buena voluntad de un gobierno de turno ni de la sensibilidad coyuntural de los ministros de Economía.
Tal vez en un escenario ideal no sería necesario constitucionalizar lo obvio. El fomento de la ciencia y la tecnología debería ser entendido naturalmente como una política de Estado, indispensable para el crecimiento, la innovación y la soberanía nacional. Sin embargo, la realidad es otra. El actual plan económico nacional ha demostrado que estas áreas, vitales para cualquier sociedad que pretenda insertarse en el mundo, suelen ser vistas como gastos prescindibles antes que como inversiones estratégicas.
En un país donde los vaivenes económicos suelen traducirse en recortes presupuestarios, el blindaje institucional de la ciencia constituye un avance significativo. En un país donde los vaivenes económicos suelen traducirse en recortes presupuestarios, el blindaje institucional de la ciencia constituye un avance significativo.
La medida adoptada en Santa Fe es, en ese sentido, un acto de visión a futuro. No sólo porque garantiza recursos y continuidad a sectores clave, sino porque reconoce explícitamente el papel que ciencia y tecnología cumplen en el desarrollo de las comunidades. Desde la producción agrícola más eficiente hasta la salud pública, desde la educación digital hasta las energías renovables, no hay esfera de la vida cotidiana que no se vea atravesada por la investigación y la innovación.
Conviene advertir, de todos modos, que la disposición tiene alcance limitado al territorio santafesino. Pero aun así puede convertirse en un ejemplo a seguir. Otras provincias que enfrenten reformas constitucionales futuras bien podrían tomar nota de este antecedente. Y, por qué no, también la Constitución nacional podría en algún momento consagrar con jerarquía suprema lo que hoy aparece relegado a programas intermitentes y presupuestos frágiles.
En Catamarca, la reflexión se vuelve inevitable. La Constitución provincial está notoriamente desactualizada y urge un proceso de reforma que deje de ser postergado por cálculos coyunturales o mezquindades sectoriales. Para ello se necesita un acuerdo político amplio, con visión de futuro, que garantice la incorporación con rango constitucional de todas las verdaderas políticas de Estado: educación, salud, ambiente, cultura, derechos humanos, ciencia y tecnología. Solo así se podrá construir una base sólida que trascienda las gestiones y resguarde el desarrollo de la provincia frente a los vaivenes de la coyuntura.