El defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, se encuentra bajo fuerte cuestionamiento por solicitar $344.000.000 al Ministerio de Hacienda para su oficina, de los cuales ya le fueron otorgados $114.666.666. Esta situación generó una nueva ola de críticas de legisladores y candidatos de la oposición, quienes denunciaron irregularidades y abuso de poder.
Mera, en un intento por aclarar la situación, negó un «refuerzo millonario». Explicó que la Defensoría tiene un presupuesto menor al del disuelto ENRE, organismo eliminado por el Gobernador y cuyas competencias pasaron bajo la órbita de Mera, ahorrando la tasa en boletas de luz. Afirmó que la Defensoría, con 24 cargos propuestos (a cubrir con personal estatal existente o del ex-ENRE) frente a los 36 del ENRE, representa «menor gasto, mayor eficiencia y mayor cobertura de derechos con ahorro presupuestario”.
Juan Pablo Acevedo, candidato a diputado provincial por la Alianza La Libertad Avanza, refutó las explicaciones, señalando un documento firmado por Mera el 11 de julio de 2025 que confirma el pedido. Enfatizó que el Artículo 36 de la Ley 5337 establece que el presupuesto de la Defensoría debe tramitarse en la Legislatura, con aprobación de ambas Cámaras, sin injerencia del Ejecutivo. Acusó a Mera de «desconocer o elegir ignorar la ley», prefiriendo «el atajo político de pedirle plata al ‘papi Jalil’ antes que someterse al control legislativo». Acevedo calificó la situación como la creación de «cajas políticas millonarias para sostener privilegios de unos pocos».
Por su parte, la candidata a la reelección por la diputación provincial Silvana Carrizo respaldó las críticas, denunciando un «abuso inadmisible y una provocación a cada catamarqueño». Carrizo contrastó la petición de Mera con la realidad de miles de catamarqueños «con salarios de pobreza y hospitales sin insumos». Recordó que la Defensoría «nació para defender a los ciudadanos, no para convertirse en una caja política».
En ese sentido, remarcó que la ley es clara: “El presupuesto debe elaborarse por el Defensor, remitirse a la Legislatura para su aprobación, sin que el Ejecutivo pueda modificarlo, garantizando su independencia”. Advirtió que cualquier intento de desnaturalizar el procedimiento «es una extralimitación y un claro abuso de poder». Carrizo criticó al gobernador Jalil por gobernar para los suyos, transformando la Defensoría en «una sucursal más del poder y en un refugio de amigos con sueldos millonarios».
Luz verde para la causa de las pensiones
A pesar del escrutinio público por los fondos, la Fiscalía Federal Nº 2 de Catamarca dio luz verde a la acción colectiva presentada por la Defensoría del Pueblo, junto a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) y beneficiarios directos, frente a la suspensión de pensiones no contributivas por invalidez laboral dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El fiscal Santos Reynoso consideró procedente la medida cautelar, dada la urgencia de restituir estos haberes, que son el único ingreso de muchas personas con discapacidad, quienes ven en riesgo su acceso a alimentos y tratamientos. Mera destacó que este dictamen fiscal es un “paso fundamental” que reconoce la urgencia de la situación y la necesidad de restituir de inmediato los derechos, afirmando que el Estado no debe retroceder.
Con esta decisión, la causa podrá avanzar en la Justicia Federal.