El Gobierno nacional profundizó su política de ajuste al vetar en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan. Ladecisión que se suma al rechazo completo de la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial con un mismo argumento: preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que el oficialismo considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
El decreto que lleva la firma de Javier Milei y todo su gabinete sostiene que la norma impulsada por el Congreso implicaba un impacto fiscal directo de $115.030 millones, destinado a recomposición salarial, lo que, según el Ejecutivo, debía financiarse con reasignaciones internas del Ministerio de Salud y reservas para emergencias. “Inevitablemente, esto conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes”, advirtió el texto.
En su fundamentación, la Casa Rosada llegó a comparar el gasto proyectado con “un tercio del calendario nacional de vacunas” y con el triple de lo destinado a políticas de VIH, lepra, tuberculosis y hepatitis virales. También consideró que la ley “profundiza distorsiones salariales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.
“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluye el decreto.