sábado, 30 de agosto de 2025 10:10
El diputado nacional Daniel Arroyo advirtió que el sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina está colapsado y reclamó que se implemente de manera urgente la Ley de Emergencia en Discapacidad, actualmente vetada por el Poder Ejecutivo.
“Hoy el sistema está totalmente colapsado. Las personas no acceden a tratamientos, medicamentos, terapias ni traslados. Los hogares y centros de día funcionan con rifas y ferias americanas porque no saben más qué inventar. La situación es dramática”, afirmó Arroyo.
El legislador cuestionó duramente la decisión del Gobierno de frenar la ley, no entiendo por qué la vetaron, no tiene impacto fiscal. La ley fue votada ampliamente en Diputados y Senado; ahora solo falta que la Cámara alta rechace el veto, no es opcional ponerla en marcha, es una obligación legal.
Arroyo explicó que la normativa es clave para ordenar el sistema, actualizar aranceles y garantizar cobertura real, y puso como ejemplo los costos del transporte, un transportista cobra 541 pesos el litro de nafta, cuando en realidad cuesta 1.500. Por eso, en vez de llevar a la persona cinco días por semana al tratamiento, con suerte la lleva dos. Es insostenible.
Además, denunció el “contraste brutal” entre la precariedad de las personas con discapacidad y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: “El día que acompañantes terapéuticos pedían pasar de 2.900 a 3.100 pesos la hora, aparecían audios con cifras de 500.000 o 800.000 pesos en supuestas coimas. El contraste es doloroso, penoso. La sociedad ya no lo tolera”.
El diputado también criticó la auditoría impulsada en la Agencia, que según él tuvo como objetivo recortar pensiones de manera indiscriminada, alguien con ceguera de nacimiento tuvo que volver a presentar todos sus estudios, el 40% de los telegramas no llegó a destino, fue un escándalo armado para recortar a lo bestia.
De cara a la próxima semana, Arroyo señaló dos acciones urgentes, por una parte que el Senado rechace el veto y la ley entre en vigencia y por otra que avancen la Justicia y el Congreso en la investigación de los audios de corrupción.
“El Estado se ha corrido de donde no puede correrse: la atención a las personas con discapacidad. Es hora de que se termine con la improvisación y se ponga en marcha ya la ley”, concluyó.
Fuente: Noticias Argentinas