viernes, 29 de agosto de 2025 22:30
Las cámaras de indumentaria de Argentina, Brasil y México trabajan en conjunto en un proyecto de ley para ponerle un freno al avance de Shein y Temu, las plataformas de moda ultrabarata que en los últimos años coparon el mercado regional.
La propuesta, inspirada en la normativa que ya rige en Francia, apunta a equilibrar la competencia, proteger empleos y garantizar controles ambientales y sanitarios sobre las prendas que ingresan a estos países desde China.
El planteo de los industriales es claro: que la ropa fabricada en el gigante asiático cumpla con las mismas exigencias que se le imponen hoy a la producción local.
Desde la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) advierten que el sector pierde alrededor de 1500 puestos de trabajo mensuales y que, según datos de ProTejer, más de la mitad de las fábricas vendieron menos en el segundo trimestre de 2025, con una baja promedio del 7%.
Si se amplía la mirada a los últimos dos años, 8 de cada 10 compañías sufrieron una caída del 30% en su facturación.
Más allá del precio: el riesgo ambiental y sanitario de la ropa china
El borrador de la iniciativa contempla que las prendas importadas atraviesen un proceso de verificación a cargo de la ANMAT, que certifique la ausencia de sustancias tóxicas y prácticas contaminantes en su confección.
El antecedente no es menor: un informe del Gobierno Metropolitano de Seúl reveló que parte de la ropa infantil de estas plataformas superaba hasta en 600 veces los límites legales de cadmio y plomo.
Además, los fabricantes locales señalan que Shein y Temu aplican precios de dumping, es decir que venden un producto en otro país a un precio artificialmente bajo —a veces por debajo del costo— para ganar ese mercado y desplazar a la competencia local.
En rigor, el proyecto de ley implicaría que, superada la etapa de control ambiental, las prendas quedarían alcanzadas por aranceles e impuestos internos como IVA e Ingresos Brutos.
El espejo francés y el respaldo en el Congreso
El modelo a seguir es la normativa aprobada en Francia, que introdujo un impuesto ecológico progresivo al ultra fast fashion: 5 euros por prenda, que se duplicará en 2030. También se prohibió la publicidad y se impuso la obligación de detallar el impacto ambiental en las etiquetas.
Claudio Drescher, presidente de la CIAI, aseguró que existe diálogo permanente con los industriales de Brasil y México para avanzar de manera coordinada. “Soy optimista porque veo un consenso creciente. Ningún país entrega su mercado interno sin reaccionar, y en Europa ya hay medidas concretas”, señaló.