Junto a sus derechos para la explotación de litio en la puna catamarqueña, Livent le transfirió al gigante minero Rio Tinto los costos judiciales de sus fraudes.
Los cálculos provisorios de la Justicia Federal calculan la defraudación al fisco nacional en alrededor de 200.000.000 de dólares, por 146 transacciones realizadas entre junio de 2022 y octubre de 2023.
Las maniobras de Livent fueron reveladas en mayo de 2022 por El Ancasti.
Si bien hay que rendirse a las evidencias del talento para la estafa de Livent, no sería justo omitir las valiosas contribuciones de los gobiernos catamarqueños al éxito de sus correrías. Si bien hay que rendirse a las evidencias del talento para la estafa de Livent, no sería justo omitir las valiosas contribuciones de los gobiernos catamarqueños al éxito de sus correrías.
La litífera norteamericana había facturado el mineral exportado en abril de ese año a un precio 843% inferior que el comercializado desde Jujuy: 6,41 contra 54,07 dólares el kilo.
Tan alevosa subfacturación le permitía no sólo evadir millonadas por derechos de exportación, sino que también reducir significativamente los montos que debía abonarle a Catamarca.
Un acuerdo promovido por el Gobierno que la Legislatura convalidó en 2018 estableció que la cifra a pagarle a la Provincia en concepto de regalías y aportes al fideicomiso del Salar del Hombre Muerto no podían superar en ningún caso el 3,2% del valor de sus ventas mensuales.
De tal modo, solo en abril de 2022 Livent le habría pagado a Catamarca por regalías 20 centavos de dólar por cada kilo, en lugar de U$S 1,74 por kilo que hubiera correspondido si el cálculo se realizaba sobre el precio declarado por el litio jujeño. Un saqueo.
El margen que el acuerdo de 2018 dejaba para este tipo de matufias era evidente y había sido advertido por este medio. Como el litio no es un “commodity” y carece de valor de referencia internacional único, Livent estaba en condiciones de venderlo a precios inferiores a los del mercado e incluso a pérdida a sus casas matrices en el exterior, donde el “holding” haría la diferencia.
Sin controles
Esta posibilidad inducía a extremar los controles del poder público, pero, como es habitual, no fueron consideradas dignas de atención. Cuatro años después saltó el escándalo en la Aduana. Livent tuvo que abonar multas a la AFIP por la evasión nacional. No se informaron sanciones o resarcimientos a favor de Catamarca
Ahora, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4 dictó el procesamiento de la empresa y su ex presidente Luciano Antonio Mancuso por “contrabando de exportación en concurso con la utilización de documentación ideológicamente falsa”. La extensa cobertura que El Ancasti dio al caso forma parte del expediente.
La minera, dice la sentencia, habría efectuado 146 exportaciones de litio a precios “significativamente inferiores” a los valores internacionales de mercado, documentadas con facturas consideradas apócrifas.
Rio Tinto, que se hizo de Livent en 2023, emitió un breve comunicado. “La compañía reconoce y respeta la normativa aplicable a este tipo de procesos judiciales en la Argentina y tiene el compromiso de cumplir plenamente con ella. Sin embargo, consideramos que estos cargos carecen de fundamento y sostenemos firmemente que no se ha cometido ninguna irregularidad”, dijo.
“Los cargos se basan en planteos realizados por una persona sin vínculos directos con nuestra compañía, y no por las autoridades aduaneras, fiscales o cualquier otra autoridad. Hemos tomado las medidas legales y procesales pertinentes para defender nuestra posición y estamos trabajando para resolver este asunto lo antes posible”, agregó.
La entrega
El contrato que formalizó el nuevo esquema de contribuciones de Livent a la Provincia no solo implantó el embrión de las subfacturaciones. También estableció las condiciones jurídicas para el fabuloso negocio que la norteamericana haría siete años después con la venta de sus activos a Rio Tinto, del que la Provincia no vio un dólar.
El Ancasti informó al respecto en noviembre del año pasado.
El convenio modificó el contrato original de 1991 para que Livent pudiera “ceder en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia la totalidad de sus derechos y obligaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en mercados de valores internacionales”.
“Sin el consentimiento de la Provincia”: una especificidad llamativa.
Nada impedía a Livent ceder sus derechos en el contrato de 1991, salvo que para hacerlo debía contar con “la previa conformidad por escrito” del Estado, que no podía “ser denegada en forma irrazonable”.
Liberada de la molestia de tener que contar con la anuencia del Estado provincial, teórico propietario del litio, Livent se asoció primero con Allkem en “Arcadium” y luego vendió todo el paquete a Rio Tinto por 6.700 millones de dólares en efectivo.
Si bien hay que rendirse a las evidencias del talento para la estafa de esta gente, no sería justo omitir las valiosas contribuciones de los gobiernos catamarqueños al éxito de sus correrías.
Tales prestaciones permitieron a Livent esquilmar a los erarios nacional y provincial con subfacturaciones durante cinco años y conformar unilateralmente una concentración de derechos mineros que vendió a Rio Tinto con la herencia envenenada de un juicio de 200 millones de dólares.
Esto sin que las arcas públicas catamarqueñas olieran un peso.