En diciembre habrán pasado nueve años desde que Matías Restelli y otros cuatro jóvenes sufrieron graves lesiones al ser sometidos a excesivos esfuerzos psicofísicos durante el período de adaptación para ingresar a la Policía de la Provincia. En nueve años solamente se multiplicaron las fojas del expediente que se tramita en los fueros penal y civil y comercial.
Actualmente, Restelli vende sándwiches y viandas para poder mantener a su hija y a su esposa, y continuar con los tratamientos que se iniciaron tras el ultraje, en diciembre de 2016.
«A mi hija y a mi mujer no les puedo dar de comer procedimientos judiciales. Nueve años nos tuvieron con vueltas. Nadie fue declarado responsable y tampoco se cumplió el acuerdo y el decreto que firmó el actual gobernador», apuntó Restelli en diálogo con El Ancasti.
Su abogado, Bruno Jerez, explicó que «hoy solo hay una serie de procedimientos judiciales en la parte penal y civil que no tienen ninguna salida. Por la gravedad de lesiones, Restelli debió someterse durante dos años a tratamientos de diálisis y medicaciones y todo lo pagó en forma particular. Desde 2016 no puede obtener empleos, siendo que tenía otras aspiraciones para su vida que fueron cercenadas por la inactividad estatal».
Explicó que la ley 3137/76 establece que los alumnos de los cursos en formación de oficiales, suboficiales y tropas no podrán pasar a situación de retiro si al ser dado de baja estuvieran disminuidos para el trabajo en la vida civil -por actos de servicio-, que por eso percibirán un haber en forma y cantidad que también fue especificada, y que la Provincia no cumplió con lo acordado.
«Matías estaba en acto de servicio y en ese momento presentaba una incapacidad comprobada de 49%. Le correspondía un haber de retiro de 80% del sueldo más bajo, de un cabo, que jamás percibió”, agregó.
Efectivamente, el 21 de septiembre y con decenas de informes médicos realizados inclusive por especialistas del Consejo Consultivo y Operativo en Prácticas Médicas, Sanitarias y Biomédicas del Poder Judicial de Córdoba -a pedido de la Fiscalía de Instrucción N°5 a cargo de Hugo Costilla-, se firmó un “Convenio Transaccional”. Por Fiscalía de Estado firmó Marcos Rodolfo Denett, en compañía de los abogados querellantes. Se pactó que Denett iniciaría el trámite de un decreto para que Restelli y los demás jóvenes sean reconocidos como damnificados y reciban un «haber de retiro». En octubre de 2022 el gobernador Raúl Jalil firmó el decreto aprobando el convenio, que nunca se ejecutó.