El sistema discrecional de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ha sido históricamente motivo de cuestionamientos, pues son utilizados por todos los gobiernos nacionales como herramienta para favorecer a provincias y municipios aliados políticamente a la administración central, discriminando al resto. En el caso de la gestión de Javier Milei, además de seguir recurriendo a este tipo de maniobras, también se registró una baja drástica en el envío de los ATN.
Es importante destacar que los ATN se financian con el 1% de la coparticipación que queda disponible luego de que se distribuyen el 42,34 % que le corresponde al gobierno federal y el 56,66 % que debe ir automáticamente a las provincias. Sin embargo, durante el primer año de gobierno, la administración libertaria solo giró 50 mil millones de pesos sobre un total de 680 mil millones recaudados. El 93% del total no se ejecutó, lo que le permitió a Javier Milei, ajustando a las provincias, alcanzar el equilibrio fiscal.
Para regular el reparto de estos fondos según criterios objetivos, un grupo de organizaciones ambientalistas presentó la semana pasada en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar el régimen de asignación de los ATN con el objetivo de que sean destinados a la prevención de emergencias socioambientales, como inundaciones, sequías o incendios forestales, por ejemplo, o a dar respuestas eficaz a esas emergencias cuando se produzcan.
Fundamentan la presentación del proyecto con el argumento de que “apunta a dotar a los gobiernos provinciales de recursos genuinos que les corresponden y que les permitirán afrontar las emergencias sociales que producen los desastres naturales y a no tener que mendigar asistencia al gobierno nacional para estos casos”, como habitualmente sucede.
En el articulado de la iniciativa se estipula que los fondos de los ATN se distribuyen en un 40% para que la provincias ejecuten obras públicas orientadas a la prevención de lo que denominan desastres socioambientales, mientras que el 60% restante será destinado a la conformación del Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Socioambientales, que tendrá como objetivo “dar respuesta inmediata ante emergencias como inundaciones, incendios, temporales u otros eventos extremos”. Y menciona como ejemplos los ocurridos recientemente en Bahía Blanca, Zárate-Campana y Comodoro Rivadavia.
La propuesta, que ahora deberá abordar el Congreso de la Nación, es importante porque elimina la arbitrariedad, siempre atada a intereses políticos mezquinos, y dota de transparencia a la distribución de los ATN, pero además permite contar con recursos de un modo inmediato cuando surgen catástrofes, evitando la morosidad y los tironeos respecto del envío de ayuda en fondos, como ocurrió con los graves sucesos acaecidos en Bahía Blanca a comienzos de año.
El proyecto propone que los ATN sean destinados a la prevención de emergencias socioambientales o a dar respuestas eficaz a esas emergencias cuando se produzcan. El proyecto propone que los ATN sean destinados a la prevención de emergencias socioambientales o a dar respuestas eficaz a esas emergencias cuando se produzcan.