En Ecuador, 2025 ha expuesto una fragilidad que rara vez ocupa titulares: la confianza financiera. En el lapso de unos meses, la seguridad de miles de ahorristas se ha visto sacudida por cierres, rumores y problemas técnicos que han recordado que, más allá de las cifras macroeconómicas, el acceso al dinero depende de estructuras ajenas a sus propietarios. En abril, la Superintendencia de Bancos ordenó la liquidación de Banco Amibank, alegando pérdidas acumuladas y un nivel insostenible de morosidad. El seguro de depósitos cubrió a la mayoría de clientes, pero el episodio reveló una realidad inquietante: durante días decisivos, los depositantes no tuvieron control sobre sus fondos.
El 29 de julio, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispuso la liquidación de la Cooperativa CREA, con más de 100 000 socios. El organismo reportó que la entidad operaba con una solvencia del 3,39 %, muy por debajo del mínimo legal. El proceso de devolución de depósitos se activó de forma inmediata, aunque los plazos para su ejecución pusieron a prueba la paciencia de los afectados.La narrativa oficial ha insistido en que el sistema mantiene estabilidad y liquidez. Sin embargo, la sucesión de eventos ha generado un clima de incertidumbre que, sin llegar a la crisis, ha dejado señales visibles de desgaste en la confianza pública.
Más allá de los problemas financieros, 2025 ha registrado incidentes tecnológicos que han afectado a un banco de importancia sistémica. Usuarios han reportado intermitencias en los canales digitales, caídas de la banca en línea y fallos en pagos con tarjetas, algunos de ellos en horarios críticos.
En el sistema financiero moderno, la continuidad tecnológica es un requisito esencial. La falta de redundancias eficaces y protocolos de comunicación claros convierte una incidencia técnica en un factor de erosión de la confianza. Cuando un cliente no puede acceder a sus fondos, aunque sea por unas horas, la percepción de seguridad se ve comprometida.
| La Derecha Diario
Alternativas que ganan terreno
En este contexto, ha crecido el interés por sistemas monetarios que no dependen de intermediarios. Entre ellos destaca Bitcoin, una red monetaria digital creada en 2009 que permite transferir y almacenar valor sin necesidad de bancos, gobiernos ni empresas intermediarias. Funciona las 24 horas del día, todos los días del año, y sus operaciones se validan mediante un protocolo descentralizado que ha operado sin interrupciones durante 17 años.
A diferencia del dinero en una cuenta bancaria, en Bitcoin es posible mantener la autocustodia: el titular conserva las claves criptográficas que le dan acceso a sus fondos y es el único que puede autorizarlos o moverlos. No existen horarios de ventanilla, ni aprobaciones de terceros, ni bloqueos por rumores o decisiones administrativas.
Su funcionamiento exige responsabilidad: el usuario debe proteger sus claves y entender que la seguridad depende de su manejo. Pero para un sector creciente de la población, el simple hecho de que el acceso a los fondos no dependa de una institución representa una diferencia fundamental.
Los acontecimientos del año han evidenciado que el sistema financiero ecuatoriano, aun cumpliendo su función de intermediación, no es inmune a fallas financieras o tecnológicas. Las autoridades han reforzado los mecanismos de supervisión y han insistido en la solidez de las instituciones, pero los episodios recientes han ampliado la conversación sobre la necesidad de diversificar las formas de ahorro y acceso a valor.
Sin declaraciones altisonantes ni cambios abruptos, el debate sobre quién debe tener el control final del dinero se ha instalado en un sector creciente de la sociedad. Para algunos, la respuesta sigue estando en la banca tradicional; para otros, en sistemas descentralizados como Bitcoin, donde el control y la responsabilidad recaen por completo en el titular.