Desde hace 12 años se celebra cada 30 de julio el Día Mundial de la Lucha contra la trata de personas. La fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, procura fomentar la concientización sobre la situación de las víctimas de este flagelo, promover su protección y exigir justicia frente a un delito que afecta a millones de personas en todos los continentes.
El último informe de Naciones Unidas, que data del año pasado, consigna que 1 de cada 4 víctimas de trata de personas es niño, niña o adolescente. Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial sufren este delito, lo que quiere decir que aproximadamente 3 millones de víctimas son menores de 18.
La trata de personas es concebida como el símbolo de esclavitud del siglo XXI. A través de este delito aberrante, las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas, sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades.
El tema de este año se refiere a la trata para criminalidad forzada. Muchas personas víctimas de trata son obligadas a cometer distintos delitos, como por ejemplo los fraude en línea, el tráfico de drogas y robos. Lo que se busca es crear conciencia para que las víctimas de este abuso sean protegidas y no castigadas.
En las últimas décadas hubo importantes avances en la lucha contra la trata, a partir de la creación de estructuras institucionales para perseguir ese delito, además de reformas de leyes penales para encuadrar los delitos que resultan de esta actividad ilegal de un modo más eficaz. Sin embargo, en los últimos años se advierten retrocesos en el combate a las organizaciones criminales que se dedican a la trata. A nivel global se registra una reducción del 11% en la tasa de detección y una reducción del 27% en las condenas.
En la Argentina también hay señales muy preocupantes. El gobierno de Javier Milei dispuso la disolución por decreto del Fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas creado por ley 27.508 de 2019 y puesto en funciones en octubre de 2021. Al respecto la Comisión de Justicia y Paz, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) de la Iglesia Católica, expresó su “más profunda preocupación”, porque el fondo mencionado “representaba una demanda auténtica de víctimas y sobrevivientes, promovida por el Poder Ejecutivo y votada en el Congreso con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”. Para el organismo eclesiástico la medida adoptada por el gobierno representa un “retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas”.
El argumento esgrimido por el gobierno respecto del costo fiscal del fondo es inadmisible, porque el financiamiento del mismo no salía del erario público sino de la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y del lavado de activos provenientes de tales ilícitos.n